La bomba en Barajas deja al desnudo las carencias del Gobierno en la negociación con ETA

El patinazo ha sido histórico; a las pocas horas de haber declarado Zapatero que dentro de un año estaríamos mejor en el llamado proceso de paz, llega ETA y hace estallar un coche bomba en la T-4 de Barajas, con el resultado de más de una docena de heridos y dos desaparecidos (¿muertos?). El golpe ha sido tremendo, porque deja la credibilidad del Gobierno por los suelos.

El primer análisis surge del humo de la terminal de Barajas y tiene que ver con el nivel de información del Gobierno sobre los planes de la banda armada. A lo largo de la etapa democrática, todos los gobiernos, a través de los servicios secretos, trataron de saber lo que tramaba ETA. En los tiempos de Felipe González, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, mantenía algún tipo de contactos con el entorno de la banda, siguiendo una política que se conoció con el nombre de «tomas de temperatura». Previamente, cuando gobernaba la UCD, ya había hecho una cosa parecida el ministro del Interior, Juan José Rosón. En la época de Aznar, Mayor Oreja rompió con la política de las «tomas de temperatura», pero entonces fue el PNV el que jugó ese papel, que fue decisivo para la declaración de la tregua de ETA y la posterior negociación, en Zurich, de los dirigentes de la banda con los emisarios de Aznar.

Lo que acaba de ocurrir revela que la calidad de los contactos y las informaciones del Gobierno era pésima, por eso el presidente hizo un brindis al sol («dentro de un año estaremos mejor») en la víspera del atentado. Alguien ha realizado muy mal el trabajo encomendado, al transmitir la idea de que ETA tenía una voluntad decidida de dejar la violencia. Sin un trabajo previo riguroso adentrarse en una negociación con ETA no conduce más que a la decepción. Resulta patético contemplar cómo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaraba tras el atentado que el Gobierno estaba sorprendido porque ETA nunca había actuado así, ya que siempre había avisado, con antelación, cuándo iba a romper las treguas. Ese tipo de razonamientos parecen más propios de la guerra de Gila. El presidente Zapatero ha declarado que se suspenden todas las iniciativas de diálogo porque no se dan las condiciones. ¿Se dieron alguna vez? Antes de responder a este interrogante conviene remontarse unos años atrás y recordar que fue el presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE), Jesús Eguiguren, el que inició en el año 2000 los primeros contactos con los dirigentes de Batasuna para «tratar de arreglar las cosas».

Años de conversaciones y la caída del jefe máximo de la banda, Mikel Antza, el 2 de octubre de 2004, pusieron a Zapatero en la tentación de la negociación. Los responsables del Ministerio del Interior, hasta dónde sabemos, estuvieron al margen, de forma que el proceso de paz vino inspirado por los análisis y las valoraciones de la cúpula de los socialistas vascos, un grupo político arrinconado en su país, y con ganas de reeditar los gobiernos transversales (PNV-PSE) de los años ochenta y noventa del siglo pasado, pero dentro de una atmósfera más favorable al desaparecer la violencia. La hegemonía política de Patxi López y su equipo en el socialismo vasco se afianza bajo la política de no confrontar con el nacionalismo, de ahí que la vía de la negociación con ETA surgiese como una necesidad. Una posición muy subjetiva, basada más en sus necesidades políticas y electorales que en los intereses de España.

Sobre esa base, Zapatero sacó sus propias conclusiones sobre la conveniencia de impulsar el llamado proceso de paz, algunas de ellas muy tentadoras: arrinconar al PP y lograr el mayor éxito político desde la transición, con la disolución de ETA. Cuando se intercambian los mensajes entre el Gobierno y la banda, antes de la declaración del alto el fuego, Zapatero no mantiene un punto de vista objetivo, porque entrevé en el horizonte la mayoría absoluta socialista para su segunda legislatura (los dirigentes del PSOE dicen coloquialmente que Zapatero no conduce por la carretera como los demás porque «va con las luces largas»). Así se fraguaron las condiciones del proceso de paz.

La iniciativa de ETA

El presidente asegura que ahora no se dan las condiciones de ausencia de violencia, pero en realidad nunca se dieron: cartas de extorsión a empresarios en las semanas posteriores a declarar el alto el fuego, kale borroka desde el verano, robos de pistolas, explosivos descubiertos en escondites, etcétera. La posición del Gobierno respecto a la ausencia de violencia fue siempre muy voluntarista, como si la violencia de estos meses pasados fuese un rasgo de la idiosincrasia de los vascos.

Ahora bien, dónde más naufragó la estrategia del Gobierno fue en la forma de encarar la negociación, al dejar que fuese ETA quién llevase la iniciativa. El 22 de marzo, tres encapuchados hacen girar la política nacional con su manifiesto. El 7 de junio, desde las páginas de 'Gara', la banda da un plazo al Gobierno para que verifique las condiciones del alto el fuego, y Zapatero sale el día 29, de aquel mes, diciendo que se cumplen las condiciones cuando faltaban sólo 24 horas para expirar el plazo. En agosto, ETA se niega a sentarse con el Gobierno porque no se cumplen sus exigencias y activa la kale borroka. Hace unas semanas, ETA lanza un ultimátum al Gobierno, con fecha 20 de diciembre, con el objeto de empezar la negociación. Y ayer, reanuda la táctica del coche bomba.

Zapatero suspende las iniciativas de diálogo, pero no clausura el proceso de paz. No podía darle carpetazo, porque el proceso de paz es el corazón de la política del Gobierno. Clausurar el proceso es darle la razón a Rajoy. Pero Zapatero sigue en manos de ETA. ¿Qué hará el presidente si la banda realiza más atentados para relanzar el proceso?

Entramos en un año electoral y los efectos de los coches-bomba sobre la opinión pública son temibles. Alcaldes y presidentes autonómicos socialistas pueden sufrir los daños colaterales de una política que no ha sido diseñada por ellos, sino que ha sido fruto de los intereses de un grupo de socialistas vascos en sintonía con los deseos y las ambiciones del presidente, y que ha sido ejecutada con una falta de profesionalidad y rigor alarmantes. Como ocurre con las reformas autonómicas.