ETA cumplió su amenaza. Lo había advertido en el Zutabe de octubre: "Si continúan las agresiones, ETA responderá". Se refería al acoso policial y judicial al que, según la banda terrorista, estaban sometidos los militantes de la llamada 'izquierda abertzale'. Sin embargo, hace muy pocos días el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, comparecía en rueda de prensa para comunicar a la opinión pública que ETA no pensaba romper el alto el fuego, según había podido saber el Gobierno de cierto contacto con la cúpula de la banda terrorista desvelado previamente por dos periódicos vascos.

El atentado contra la emblemática T-4 de Madrid, por tanto, pone de manifiesto que los canales de comunicación Gobierno-ETA están seriamente averiados. Y tras esa conclusión más pegada al fogonazo del sábado por la mañana, no queda otra que atenerse a los hechos: ETA acaba de romper unilateralmente el alto el fuego que unilateralmente declaró hace nueve meses. El ministro Rubalcaba lo reconocía en rueda de prensa a primera hora de la tarde del sábado.

Con la luctuosa noticia de que el atentado ha producido una víctima mortal y a la espera de conocer las posiciones del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y Arnaldo Otegui, el "interlocutor necesario" de Moncloa, apenas queda margen para esperar otra cosa que no sea una inercial justificación de lo ocurrido, por parte de Otegui, y una firme actitud del presidente del Gobierno en lo tocante a la persecución y detención inmediata de los autores del atentado.

Sin embargo, Zapatero no va a dar por cancelado el "proceso" o anunciar un cambio drástico en su discurso. En el bien entendido de que, siguiendo el hilo de dicho discurso, nunca se bajó la guardia policial, nunca se excluyó un atentado de este tipo -mínimos daños personales y máxima repercusión, con aviso previo-, nunca se dio por iniciado el 'proceso', porque tampoco nunca se dio por terminada la violencia y porque siempre seguirá en pie la esperanza de que ETA desaparezca para que Batasuna pueda hacer política con las mismas reglas de juego de la legalidad democrática.

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