No hubo destrucción pública de arsenales, armas decomisadas por la Policía, ni una cláusula que garantizase, en adelante, el respeto al mobiliario urbano. El día en el que ETA anunció el alto el fuego permanente –el 22 de marzo– la organización terrorista entregó a las audiencias un comunicado, remitido a la televisión pública vasca, y un supuesto objetivo: “impulsar un proceso democrático en Euskal Herría”.

Sin embargo, la esperanza “prudente” del Ejecutivo socialista de lograr la paz en el País Vasco se resquebrajó en 24 horas, al descrubrirse que ETA guardaba en Lot (Francia) 700 kilos de amonal y cloratita, material altamente incendiario.

La explosión de reacciones por parte de los partidos de la oposición y de parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo no se hizo esperar. La “prudencia” fue la invocación más aclamada. Y es hoy, –diez meses después del primer comunicado– que la verificación de la verdadera voluntad de ETA es el asunto pendiente de la agenda del Ejecutivo, a la vez que un coladero de críticas procedentes de los populares.

Así, recientemente, y tras el intento frustrado de un grupo de abertzales de quemar vivos a dos municipales en Bilbao, el PP emitió, el pasado 14 de noviembre, un decálogo sobre “condiciones mínimas” que el Ejecutivo debería cumplir. La primera: que el presidente del Gobierno condene “todos los actos terroristas, tanto de terrorismo urbano, como contra las personas”.

El carácter unilateral de esta exigencia es un claro reflejo del escaso alcance político del primer encuentro del 28 de marzo entre el líder de los populares y el presidente del Gobierno, que ese día acordaron una gestión conjunta del proceso.

Pero la entrada de nuevos agentes en el proceso no agradó ni al PP ni a ETA, que veía cómo se retardaban sus objetivos. Tras Rajoy, el lehendakari Ibarretxe se ofreció como aspirante a participar en las futuras negociaciones con la banda.

De los encuentros en La Moncloa con las distintas formaciones políticas se desprendió el apoyo “sin fisuras” –para expresarlo en palabras de Paulino Rivero (CC), en clara sintonía con la apreciación del resto–, al proceso abierto tras el anuncio de la tregua. Aunque el PP se diferenció pronto del grupo.

El supuesto entorno favorable para dar comienzo al diálogo político con ETA perdió fuerza tras cada nuevo comunicado terrorista. A medida que la banda redoblaba sus exigencias –lo hizo en siete ocasiones– la puntería política del Gobierno perdía adeptos.

Los terroristas pidieron en mayo, a través del diario Gara, la amnistía de presos y ligaron todo el proceso a las concesiones sobre territorialidad, incluída la petición de incorporación de Navarra al País Vasco. El tono amenazante fue la tónica del resto: desde las exigencias para garantizar la no intromisión de los poderes del Estado, hasta su disposición de continuar con las armas en el Día del Gudari Eguna, pasando por la exigencia de “pasos visibles” en el proceso de paz.

Desde la entrevista que mantuvieron los socialistas vacos (el 20 de junio) con la izquierda abertzale –permitida por el juez Garzón–, el encuentro entre socialistas y populares es prácticamente inexistente. El sarpullido de episodios de violencia callejera es para el PP una causa “suficiente y demostrada” de que “el cese de la violencia no es aún una realidad”. Sin embargo, desde el Gobierno la lectura de las actuaciones de kale borroka es otra: “la evidencia”, en palabras de la vicepresidenta De la Vega, de que el alto el fuego ha sido la etapa más “pacífica” de España, en su convivencia con el terrorismo.

El nudo del que tiran, por un lado, la ilegalizada Batasuna y, del otro, el PP se ha resuelto intentado que la primera pase por el aro de la democracia. Así, en octubre Zapatero recordó que existen mecanismos para que no exista “contradicción entre una Batasuna legal y procesamientos contra algunos miembros”. Los procesamientos de Arnaldo Otegi y el del terrorista De Juana Chaos animaron la idea de paz, aunque para el primero, gestos como estos, logran lo contrario: la “impiden”.