DEBATE

En una entrevista a The Washington Post,el presidente George W. Bush ha reconocido que Estados Unidos no está ganando la guerra con Iraq. Sin duda, esta confesión avala la percepción de un amplio sector de la opinión pública que considera que la guerra se está convirtiendo en un desastre militar y político para la superpotencia. Sin embargo, sería un error pensar que dicha declaración implica la aceptación de una inminente derrota y el preludio de una retirada incondicional y masiva de tropas.

En medio de un panorama de caos y desolación, el Gobierno de Washington no puede en estos momentos renunciar a uno de sus principales objetivos estratégicos: el control de los recursos de Iraq y el posicionamiento privilegiado en Oriente Medio, una región que constituye el corazón del sistema energético mundial y, por tanto, una pieza indispensable para el mantenimiento y reforzamiento de las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos. Aunque este planteamiento ha sido repetidamente negado durante los meses previos al estallido del conflicto y los posteriores años de guerra, tanto por la Administración republicana como desde buena parte de los círculos demócratas, lo cierto es que este mismo mes el presidente Bush expresaba a Los Angeles Times su inquietud sobre la posibilidad de que los extremistas islámicos "accedieran a las vastas reservas petrolíferas y utilizaran Iraq como base para derrocar gobiernos moderados a lo largo y ancho de Oriente Medio".

En esta misma línea, el informe presentado por el Grupo de Estudios sobre Iraq (GEI), integrado por cinco demócratas y cinco republicanos bajo el liderazgo de James A. Baker y Lee H. Hamilton, se muestra descaradamente pragmático, de modo que en la primera página del capítulo 1 se subraya la importancia de Iraq para la región, Estados Unidos y el mundo, recordando que el subsuelo de este país alberga las segundas reservas de petróleo conocidas del planeta.

Tras este preámbulo, el GEI incluye en su informe dos recomendaciones muy claras sobre la política que Estados Unidos debería seguir a propósito de la explotación de dichas reservas. La recomendación 62. ª dice que el Gobierno estadounidense debería ayudar a elaborar una ley de Hidrocarburos que proporcione un contexto legal y fiscal favorable para la inversión, mientras que la número 63 concluye que Estados Unidos debería animar las inversiones de la comunidad y compañías energéticas internacionales, además de apoyar a los líderes políticos locales en la tarea de reconvertir la industria petrolera estatal en una empresa comercial, mejorando así su eficiencia y transparencia.

En realidad, ambas propuestas no constituyen una apuesta de futuro, sino un espaldarazo, bendecido al alimón por republicanos y demócratas, a la política emprendida hace tiempo por la Administración Bush. No en vano el Gobierno de Bagdad planea, para principios del próximo año, someter a la consideración del Parlamento una nueva ley de Hidrocarburos - consensuada con Washington y un buen número de las grandes petroleras internacionales- que pretende revertir la nacionalización de la industria promulgada en 1972. Los detalles de esta nueva ley no son conocidos, aunque diversas filtraciones apuntan a que introducirá el uso de un tipo de contratos, los denominados production-sharing agreements (PSA), que otorgan a compañías extranjeras cierto control sobre la producción y el marketing de las reservas de petróleo.

En pocas palabras, el GEI apuesta por la privatización de la industria iraquí del petróleo. Esto parece contradecir la opinión del presidente Bush, quien en reiteradas ocasiones ha afirmado que "el petróleo de Iraq pertenece al pueblo iraquí". Sin embargo, los PSA permiten resolver de manera sibilina esta aparente contradicción: no se trata de entrar a discutir quién es el dueño del petróleo del subsuelo, que por supuesto pertenece al pueblo iraquí, sino de reglamentar cómo se reparten los beneficios una vez el petróleo ha sido extraído y quién controla el desarrollo y ritmo de la extracción. Sin duda, la propuesta del GEI puede justificarse a partir del hecho de que sólo para incrementar su actual producción diaria, pasando de dos a tres millones de barriles, la industria petrolera iraquí necesitaría atraer una inversión foránea cercana a los 20.000 millones de dólares. Sin embargo, ninguno de los principales productores de Oriente Medio utiliza este tipo de contratos.

Aparte del rechazo popular a todo lo que huela a privatización y a la previsible disputa en torno al reparto de los beneficios del petróleo entre chiíes, suníes y kurdos, el mayor obstáculo a las propuestas del GEI es el actual clima de inseguridad reinante en Iraq. Atraer la inversión de las grandes compañías internacionales requerirá restaurar y mantener durante décadas un férreo control militar del país. Y en esta línea, contrariamente a lo que leíamos en algunos titulares a propósito de la publicación del informe del GEI, más que una inminente retirada de tropas estadounidenses, lo que cabe esperar es su reforzamiento y la instalación de bases permanentes en suelo iraquí.

El petróleo, ese oscuro objeto de deseo que de forma más o menos determinante alimentó el inicio de la guerra, está configurando una ciénaga en la que se atasca cualquier intento de resolución del conflicto. Estados Unidos y sus aliados no consiguen controlarlo, pero la opción de abandonarlo a sus enemigos es impensable.

MARIANO MARZO, catedrático de Recursos Energéticos de la UB.