Algo se mueve en el sector inmobiliario. Aunque no se trata de un título de una superproducción de Hollywood, ni de una nueva aventura de Pedro Almodóvar, el guión de esta película se desarrollará en 2007.

El año de las grandes reformas normativas en el mercado de la vivienda ha llegado, tras tres años en el que el Ministerio que dirige María Antonia Trujillo se ha dado de bruces con la realidad: las competencias urbanísticas y de ordenación del territorio hace ya tiempo que se descentralizaron y ahora el Gobierno tiene poca capacidad de maniobra para poder adoptar medidas que se apliquen en toda la geografía nacional.

Los esfuerzos se han centrado en una enésima reforma de la Ley del Suelo, una legislación que a pesar de los intentos de las distintas Administraciones por regular el mercado y evitar la especulación, reduciendo así el precio del metro cuadrado, siempre ha tenido problemas con los Gobiernos regionales, sobre todo desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 en el que se recordó al Estado su limitada capacidad normativa al respecto.

En esta ocasión la intención del Ejecutivo no es poner más suelo en el mercado –como hizo el Gobierno del ex presidente José María Aznar– sino modificar el criterio de valoración de los terrenos para evitar que se encarezcan de forma artificial bajo la connivencia de algunos alcaldes y concejales de urbanismo.

Cuando comenzó la tramitación de la nueva Ley, Trujillo se encontró con la oposición de los promotores y constructores, que veían como su cartera de suelo podría reducir su valor como consecuencia de la ley, dificultando así el pago de los créditos a través de los cuales las empresas financian la compra de los terrenos. Posteriormente, la oleada de escándalos urbanísticos ha servido a los socios del Gobierno (IU y ERC) para introducir enmiendas a la norma que ahondan en el intervencionismo estatal.

Además el PSOE quiere aumentar el poder del Estado y las comunidades autónomas para paralizar proyectos y modificaciones sospechosas de planes urbanísticos, lo que, según los juristas consultados, puede ser contrario a varios artículos de la Carta Magna.

Por otra parte, la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) mejorará, en teoría, la calidad de los nuevos pisos (la vivienda es uno de los productos que registra mayores quejas de fabricación en las organizaciones de consumidores). Lo que no se conoce todavía es la repercusión que tendrá sobre los precios.

La política del Banco Central Europeo (BCE) será una buena piedra de toque para conocer la evolución del mercado. Las endeudadas familias españolas observarán con detenimiento las variaciones de los tipos de interés, mientras se siguen batiendo récords en los visados de obra nueva. Que el ciclo está cambiando es indudable, aunque no se podrá hablar de caídas de precios generalizadas en 2007.