El año 2006 no ha sido un buen año para el conjunto de los españoles, a pesar de que la economía fue bien y de que ETA sigue sin matar. Ha sido un mal año porque en él se han establecido las bases de una profunda ruptura en la sociedad española que, aunque está en su fase preliminar, puede tener a medio plazo consecuencias importantes en los ámbitos político y territorial. Estamos hablando del triángulo diseñado por el presidente Zapatero desde los primeros meses de su llegada al Gobierno, según el cual España se merece un modelo de Estado federal, que contente a los nacionalistas vascos y catalanes y que permita a ETA un desembarco en la política, a la vez que recupere el modelo de la República mediante una revisión histórica de la Guerra Civil. Poniendo en marcha todo ello no como consecuencia de un periodo constituyente y su consecuente reforma de la Constitución, sino como una secuencia de hechos consumados que se consolidan a través de leyes orgánicas, aprobadas por mayoría simple, que burlan el marco vigente constitucional con la colaboración de los magistrados políticamente afines al Gobierno que habitan los altos tribunales del Estado, incluido el Constitucional.

Todo esto se ha fraguado a lo largo del año 2006, aunque lo viene impulsando Zapatero desde el 2004 a base de improvisaciones y remiendos, como el del Estatuto catalán, pero camino de un extraño diseño federal que, para los nacionalistas, constituye el primer escalón —y no el último— de su viaje hacia la independencia, por más que unos y otros disimulen —la Corona incluida— y quieran quitarle hierro a este proceso que, amén de ser inconstitucional, lleva en su seno la simiente de una ruptura mayor a medio plazo. Además de una aberración política y democrática, porque nunca se ha visto que un país o una nación se federe para disgregarse, entre otras cosas porque un Estado federal lo que representa es la voluntad de sus federados de renunciar a parte de su soberanía en beneficio de una soberanía superior y de una lealtad unitaria, mientras que en el caso que se nos presenta en España vamos exactamente a lo contrario, desde la deslealtad.

Naturalmente, el proceso en curso no se ha cerrado totalmente, está en marcha y depende sobre todo de la negociación con ETA y de que la banda anuncie su definitivo abandono de las armas. Si esto ocurre, todo el artilugio federal y revisionista de Zapatero tendrá una justificación ante la opinión pública, y el presidente improvisador habrá dado a su liderazgo un contenido del que carecía, excepción hecha de la fama obtenida por su retirada de las tropas españolas en Iraq. Porque todo lo demás, incluida la gestión de la vida pública del Gobierno, ha sido bastante deplorable, una vez que todos los esfuerzos han estado dedicados a estas grandes reformas y negociaciones que ocupan el interés general y llenan la vida y el debate político.

Le pasó lo mismo al Estatuto catalán, que fue el único objetivo del Gobierno tripartito de Maragall y que acabó en desastre y con la jubilación de Maragall, dejando en Cataluña una crisis latente que ya veremos cómo soluciona el segundo tripartito de Montilla, una vez que a ERC se le pase la anestesia de la nueva situación y regrese a las andadas, a su razón de ser independentista. En Cataluña hay un problema político, y además el nuevo Estatuto está pendiente de un Tribunal Constitucional —dicen que domado por el PSOE— y de la puesta en marcha de su pretendida relación bilateral con el Estado, entre otros muchos disparates que incluye, como el de dinamitar la función de casación del Tribunal Supremo en los asuntos más importantes del mundo judicial, grave decisión en la que también ayudó el PP a través de su pacto judicial en el Estatuto de Valencia.

Si la unidad territorial del Estado está en tela de juicio, y la unidad judicial también, y el imperio de la ley brilla por su ausencia en las negociaciones con ETA, donde Zapatero no tiene más salida que hacer a la banda terrorista concesiones políticas o judiciales, una vez que se las prometió a cambio del anuncio del alto el fuego, pues ya veremos adónde conduce todo esto que, además, se enmarca en el viejo discurso de las derechas y de las izquierdas, a propósito de la memoria histórica y la Guerra Civil.

Y no sólo por causa de esta ciega cabalgada del presidente hacia un modelo que nadie, ni él, es hoy capaz de definir, sino porque el Partido Popular no ha estado a la altura de las circunstancias ni ha sido capaz de valorar la situación, ni de presentar un proyecto alternativo. Y además ha mezclado todo este laberinto con los atentados del 11M y su derrota en las elecciones generales del 2004, que se niegan a reconocer y que estuvo basada en las mentiras de la guerra de Iraq —sobre la que ni el PP ni sus líderes aún han hecho la menor autocrítica o rectificación—, y las mentiras y errores en la gestión antes, durante y después del 11M. A lo que hay que añadir que los que fueron protagonistas de esos grandes desastres que llevaron al PP a la derrota y abrieron la puerta al incierto reformismo de Zapatero siguen al frente del partido provocando un claro rechazo social que sirve de coartada al Gobierno del PSOE para avanzar. ¿Queréis que vuelva Aznar?, les dicen al total de los ciudadanos, a sabiendas de que la figura del ex presidente sobrevuela el liderazgo débil de Rajoy, y que los lugartenientes de ese aznarismo, Zaplana y Acebes, siguen en sus puestos de mando del partido, dando una idea de que todo sigue en el PP como estaba antes de las elecciones del 2004.

Si a todo ello añadimos el discurso radical de una extrema derecha vociferante que sale por la COPE bajo palio episcopal, y las intrigantes conspiraciones del diario El Mundo que preconizan una especie de golpe de Estado y electoral en el 2004 con la misteriosa colaboración de agentes secretos, policías y dirigentes del PSOE, veremos que el río revuelto de la nación española lleva todos los ingredientes. El integrismo conspirador de un PP cada vez más radical y a la derecha, y el disparate constitucional de un PSOE que no sabe adónde va, y los dos juntos y peleados entre sí camino de la catarata final.

Unos y otros esperan que en el 2007, año de comicios autonómicos y municipales, el contrario se va a estrellar y quedará debilitado frente a las elecciones generales del 2008, si es que no se adelantan. Y unos y otros, y esto es asombroso, dependen de ETA, que tiene en estos momentos la llave de la crisis institucional española. La que puede seguir con su paulatino deterioro hacia nadie sabe dónde ni por qué, si los etarras alargan la negociación. O la que se puede decantar a favor del PSOE si ETA anuncia el abandono definitivo de las armas; o del PP si se rompen las conversaciones y vuelven a dar tiros, como ya ocurrió con la tregua de 1998. Aunque demasiado mal parece que van al día de hoy esas negociaciones como para esperar un desenlace favorable antes de los comicios de la primavera del 2007, en los que PP y PSOE parecen conformarse con que se repita el reparto actual del poder territorial, donde los observadores no ven grandes sobresaltos salvo que los casos de corrupción alteren la situación en el archipiélago balear.

Motivo por el cual, y salvo sobresalto en la posición de ETA o cualquier otra cuestión como la inmigración o el crecimiento económico, que podría palidecer, todo apunta a que el año 2007 continuará soportando la crispación general y las líneas paralelas y a la vez enfrentadas entre el PSOE y el PP. Dos partidos con escaso liderazgo y cuadros de gestión de poco nivel que se verán obligados a cambios en el Gobierno por parte de Zapatero —el ministro de Justicia, López Aguilar, es candidato en Canarias— y también en el PP durante su congreso ordinario del otoño del 2007, si es que para entonces Rajoy se muestra capaz de tomar alguna decisión, aunque sea en su propio beneficio.

Las elecciones de la primavera serán, sin lugar a dudas, un gran test nacional, aunque los expertos dicen que en los casos municipales y autonómicos no se esperan importantes vuelcos políticos. Pero sí van a servir, sobre todo, para ver si el PP avanza o se queda más o menos donde está después de todo lo ocurrido en el territorio nacional. De igual manera que esa cita será la primera gran prueba de Zapatero, y sobre todo un punto de encuentro crucial para la negociación con ETA, porque queda por ver cómo participa en esas elecciones Batasuna, lo que constituye el nudo gordinado del bloqueo negociador. La prueba de fuego a la que a corto plazo se enfrenta Zapatero y que tiene muy pocas soluciones: o Batasuna acata la legalidad, cosa que hasta ahora descartó; o Zapatero deroga la Ley de Partidos; o los pro etarras se disfrazan con otras siglas como ya ocurrió con el Partido Comunista de las Tierras Vascas.

Con esta incógnita va a comenzar el curso político, y de ella dependerán otras muchas cosas y decisiones camino de la cita electoral, que ya está a la vista y que tras las fiestas navideñas se pondrá en marcha en todo el territorio nacional. 2006 ha sido el año de la ruptura; 2007 será un año de transición electoral; pero el desenlace de todo esto llegará en el 2008, cuando se convoquen las elecciones generales y los ciudadanos tengan la opción de decidir quién los va a gobernar. De aquí hasta entonces nos queda un largo camino que no será de rosas pero que habrá que sortear.