Nuevo choque de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. En este caso, el motivo de la discordia entre los partidos nacionalistas y el Gobierno es la nueva Ley de Sociedades Profesionales.

El Ejecutivo, tras el trámite de enmiendas en el Congreso, pretendía que la publicidad de los datos de las sociedades profesionales contenidos en el Registro Mercantil y en el Registro de sociedades profesionales de cada Colegio Profesional estuviera bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Asimismo, el Gobierno preveía que las autonomías, al igual que Justicia, pudieran establecer un portal de Internet para dar esta información en su ámbito territorial, “en idénticos términos”.

Sin embargo, CiU y PNV han querido parar los pies al Ejecutivo en esta pretensión durante el periodo de enmiendas en el Senado. Según ambos partidos, corresponde únicamente a las comunidades autónomas la publicidad de los datos contenidos en los registros de los colegios profesionales a través de una página en Internet. De igual forma, también se niegan a que los colegios profesionales de cada autonomía se vean en la obligación de remitir al gabinete de Juan Fernando López Aguilar las nuevas inscripciones en estos registros, tal y como prevé el proyecto de Ley.

Según PNV y CiU, el Concierto Autonómico del País Vasco (CAPV) y el Estatut catalán –respectivamente – otorgan a el País Vasco y Cataluña las competencias exclusivas en materia de colegios profesionales. Por lo tanto, el Estado no puede imponer “la obligación de trasladar al Ministerio de Justicia información de las inscripciones realizadas en estos registros”.

Ambos partidos quieren reservar también competencias para sus respectivas comunidades autónomas en futuros desarrollos normativos de la nueva Ley de Sociedades Profesionales. El Ejecutivo quería reservar en esta norma la capacidad para dictar nuevas disposiciones al Consejo de Ministros, así como la regulación “mediante real decreto” de posibles incompatibilidades. En este punto, las comunidades autónomas se reservan cualquier desarrollo legislativo relativo a los registros, dejando sin competencia al Estado central en esta materia.

El Partido Popular ha querido frenar en el Senado las pretensiones de los partidos nacionalistas. Para los populares, la gestión del servicio de publicidad de estos registros se debe encomendar “al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Inmuebles”. Asimismo, tendría que ser el Ministerio de Justicia quien, de forma exclusiva, estableciera “la organización y funcionamiento del portal” en Internet en el que se pondría a disposición de la sociedad estos datos. Según la misma enmienda, los colegios profesionales tendrían la obligación de remitir a Justicia las inscripciones practicadas en los registros.

Otras consecuencias

Con la próxima aprobación de nuevos estatutos de autonomía, como el andaluz y el canario, será cada vez mayor el número de autonomías que acaparen las competencias en exclusiva de los colegios profesionales. Estas normas autonómicas, amparándose en el Estatut catalán, suponen una amenaza para el sistema de colegiación única y la unidad de mercado en España, como adelantó EXPANSIÓN el 30 de octubre.

La Ley de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de Colegios Profesionales de Cataluña, permite a una futura ley autonómica poder exigir “el deber de residencia para la prestación de servicios profesionales”, un sistema que rompería la libre movilidad en España de las profesiones colegiadas y la ruptura del mercado de prestación de servicios.