El futuro a medio y largo plazo se presenta sombrío. Tanto que en 2050 la población mayor de 65 años respecto de la población en edad de trabajar -lo que habitualmente se conoce como tasa de dependencia- se situará en el 65,4%, es decir, prácticamente dos veces y media por encima de los valores actuales. Dicho en otros términos, por cada 10 ocupados habrá 6,5 personas en situación de retiro por haber cumplido la edad legal de jubilación, muy por encima de los 2,4 jubilados que existen actualmente por cada 10 españoles en edad de trabajar.

Como consecuencia de este proceso de envejecimiento de la población -sin parangón en la Unión Europea-, el gasto en pensiones contributivas (sin contar las que financia el Estado por razones asistenciales, y que se pagan con impuestos) crecerá a partir del año 2020 de forma acelerada, hasta alcanzar el 15,7% del Producto Interior Bruto, casi el doble que en 2010.

Teniendo en cuenta todos los flujos financieros, el gasto total asociado al envejecimiento representará un increíble 28,6% del PIB, el nivel más alto de la Unión Europea. Mientras que el gasto en desempleo, educación o clases pasivas del Estado se reducirá en un horizonte a largo plazo, el destinado a pensiones contributivas aumentará nada menos que 7 puntos del PIB, lo que a precios actuales significaría una cantidad verdaderamente astronómica: unos 70.000 millones de euros.

Todos estos datos no han salido de la oposición, ni siquiera de las entidades financieras, acostumbradas a hacer negros pronósticos sobre el futuro del sistema público de pensiones, sino del propio Gobierno. Así lo pone de relieve la actualización del Programa de Estabilidad (ver documento) aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, y en el que, por primera vez, se desglosan las grandes partidas de gasto a largo plazo. En ese documento se incluyen las proyecciones de gasto público vinculado al envejecimiento realizadas por un grupo de trabajo nombrado por Economía, y los resultados no pueden ser más llamativos.

La causa de tanta destrucción de empleo no está vinculada a un súbito empeoramiento de la actividad económica, sino al acelerado envejecimiento de la población, lo que provocará un notable empeoramiento de la tasa de dependencia (relación entre pensionistas y ocupados). Como señala el propio Gobierno en su comunicación a Bruselas (destinatario último del informe), España tendrá la mayor caída de la ocupación de la Unión Europea a 15, con una caída del empleo del –3,8% a lo largo de los próximos 45 años.

Las consecuencias de este fenómeno, desde el punto de vista macroeconómico, son verdaderamente adversas, ya que al haber menos trabajadores en activo y más en situación de retiro, el Producto Interior Bruto crecerá, por lógica, bastante menos. Y todo ello en un contexto de cierta recuperación de la productividad (crecimiento del 1,7%, el doble que actualmente).

Según el escenario de sostenibilidad de las finanzas públicas presentado a Bruselas, el crecimiento real del PIB tendrá la siguiente evolución: un 2,8% en 2010, por un 2% en 2020, pero a partir de ese año el crecimiento se limitará a un máximo del 1%, con una sima del 0,4% en 2040 debido al envejecimiento de la población. El Gobierno admite en su informe que en el caso de España, debido “a la mayor caída en la contribución del empleo”, la desaceleración de la actividad económica respecto a la que sufrirá la Unión Europea (también por las mismas causas) “podría ser más acusada”.

Según el último informe de sostenibilidad de la Comisión Europea, realizado el pasado mes de octubre, los países se agrupan en tres niveles de riesgo, y según esa clasificación España se encuentra en el nivel medio, junto a otras diez naciones. A favor cuenta el nivel de solvencia de las finanzas públicas (superávit presupuestario), pero en contra juega, como reconoce el propio Gobierno, el gasto asociado al envejecimiento de la población, que aumentará “de forma considerable”.

Para contrarrestar este efecto, la estrategia del Ejecutivo pasa por sanear las cuentas públicas, sobre todo en lo relativo al volumen de deuda pública en circulación, como pone de relieve su empeño en situar la ratio por debajo del 40% del PIB, con el objetivo no declarado de utilizar esta herramienta de política económica en caso de que el gasto público se deteriore de forma pronunciada al calor del envejecimiento de la población. Una estrategia similar a la practicada en los años 80, cuando el deterioro de las cuentas públicas por el aumento del desempleo se compensó con un aumento casi exponencial del endeudamiento, apenas relevante en ese momento.