No es ninguna novedad que la España de las autonomías ha traído consigo una nuevo reparto del poder entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Habrá quien piense que se trata de un retroceso histórico que tarde o temprano se pagará; ya que en realidad estamos ante la vuelta a una especie de reinos de taifas que tienen como única virtud desangrar la fuerza del Estado centralizado.
A la luz de lo que ha sucedido en este país en los últimos 25 años, más o menos desde la puesta en circulación de las 17 comunidades autónomas, difícilmente se puede dar la razón a quienes sostienen esas tesis. Es evidente que uno de los aspectos que más han contribuido al desarrollo económico español -al margen de otras consideraciones de tipo político o cultural- ha sido, precisamente, la creación de poderes regionales autónomos dotados del suficiente autogobierno económico. El éxito de España como país, difícilmente se podría entender sin la existencia de las comunidades autónomas en su configuración actual (lo que no significa que no existan defectos que algún día habrá que corregir).
Pero dicho esto, hay datos que inducen al pesimismo. Datos como los expuestos en un informe realizado por Ministerio de Administraciones Públicas (por cierto, ¿qué es del ministro Sevilla?) sobre las implicaciones que para las comunidades autónomas tiene la puesta en marcha del Plan Nacional de Reformas, lo que vulgarmente se conoce como estrategia de Lisboa. En ese documento -fechado en julio de este año- se dice con datos precisos lo que muchos sospechaban. Que ninguna comunidad autónoma -ni si siquiera la más ricas- alcanza todavía un gasto en I+D respecto al PIB semejante al que existe en la Unión Europea (a 25, no a 15), y que se sitúa en el 1,87%.
La que más se acerca es Navarra, con un 1,79%, mientras que Baleares se sitúa en el polo opuesto, con apenas el 0,26%. Tras la comunidad foral, Madrid, País Vasco y Cataluña se sitúan en los puestos de cabeza, pero a cierta distancia de la media comunitaria.
Lo más destacable del informe es la absoluta dejadez por parte de algunos gobiernos autonómicos a la hora de destinar recursos a la inversión con más futuro a medio y largo plazo, y que desde luego pasa por gastar dinero en nuevas tecnologías. Por increíble que parezca, en regiones como Aragón, Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha o Extremadura, y pese a años de fuerte crecimiento económico, la inversión en I+D+i no sólo no ha mejorado en términos relativos respecto a la UE, sino que ha empeorado su posición en el ranking. Es como si esos gobiernos se hubieran quedado atrapados como estatuas de sal mirando a no se sabe muy bien qué. Tal vez al ladrillo como industria del futuro.
Sorprende, igualmente, la enorme dispersión que existe entre comunidades autónomas en relación a su gasto en nuevas tecnologías. A la luz de las cifras que proporciona la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, es imposible hablar de la existencia de una realidad española. Sería más propio hablar de la existencia de un pequeño grupo de regiones a las que les preocupa la ciencia y sus aplicaciones económicas y un nutrido grupo de territorios fascinados por el pasado, cuyo nivel de gasto en I+D+i ni siquiera llega al 0,5%, cuando España -que está a la cola de Europa- gasta en su conjunto un 1,07% (año 2004).
Pero si el pasado es nefasto, el futuro no se presenta mucho mejor. Según ese informe, en 2008 tan sólo Navarra despegará con fuerza hacia las posiciones de cabeza, con un gasto en investigación y desarrollo que se situará en el 3,7%, el doble que en la UE. Tras ella se situará el País Vasco, que alcanzará el 1,98%, también por encima de la media comunitaria, seguido de Madrid y Cataluña, pero por ya por debajo de la Unión Europea. ¿Y después, qué? Pues detrás, la nada, el vacío, la más absoluta de las desidias por parte de los gobiernos regionales.
En 2008, nada menos que diez regiones gastarán en I-D+i menos del 1% de su PIB, porcentaje que tiene más que ver con un territorio subdesarrollado que con espacios políticos con visión de futuro.

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