Hoy llegan por fin, con amplio despliegue, a la prensa del Principado, las consecuencias para el futuro de los grandes proyectos de negocio del gobierno asturiano del terremoto provocado por la publicación, en estas últimas semanas, de las tarifas eléctricas para 2007. Estas tarifas no sólo contemplan importantes subidas para el consumo industrial de electricidad, ya que además crean un horizonte de negros nubarrones para las infraestructuras eléctricas en general y para el gas natural en particular. La cosa alcanza el nivel de un auténtico drama, al estar prevista la reforma de los mecanismos de retribución de las grandes infraestructuras eléctricas, entre las que están, en un lugar destacado por sus repercusiones para el Principado de Asturias, las correspondientes a las regasificadoras y el resto de infraestructuras anejas.

La prensa asturiana ha silenciado la crisis hasta que contó, ayer, con una declaración oficial del gobierno, que se publica hoy en todos los periódicos, con la que se intenta aminorar el gran impacto que pueden producir estas reformas, que sin duda pueden suponer un desastre para su ejecutoria como gobierno, por haberse jugado su futuro -nuestro futuro- a la carta de la industria eléctrica, basando toda su "planificación" en la construcción de una regasificadora y un número sorprendentemente elevado de centrales de ciclo combinado.

La prensa económica, destacó a lo largo de estos últimos días el impacto del real decreto sobre tarifas eléctricas industriales, con las consiguientes protestas de la patronal CEOE y las grandes empresas, que han exigido inmediatamente una equiparación de los costes eléctricos industriales con los costes para los consumidores de a pie, que se mantenienen dentro de unos límites políticamente aceptables, a base de dinero público, en una situación que resulta cada día más insoportable para el equilibrio entre los agentes que intervienen en un sector profundamente intervenido, en el que crece especialmente el clamor empresarial favorable a la energía nuclear como única alternativa económicamente viable.

El debate sobre las tarifas industriales consiguió tapar durante los primeros días, la repercusión mediática de las cinco órdenes ministeriales sobre el gas que Industria remitió en el mismo paquete a la Comisión de la Energía para su informe. Estas órdenes, relativas a las tarifas, los peajes, la retribución de las regasificadoras y en general las de las actividades reguladas y los almacenamientos subterráneos del gas, cayeron como un jarro de agua fría sobre la empresa Enagás, a la que recientemente se adjudicó la gestión de la planta regasificadora de El Musel, al establecer la aplicación de una nueva metodología para calcular la retribución de las inversiones de las infraestructuras gasísticas, precisa y especialmente para las regasificadoras y los gasoductos.

Con el nuevo sistema, que según los responsables de la gran compañía gasística española, constituyen una auténtica revolución en la retribución del gas, el departamento que dirige Joan Clos, ha intentado ajustar los costes, a partir de los que se retribuye a Enagás, la compañía que ejerce de transportista y operador del sistema, y que gestiona la mayor parte de las infraestructuras del país, aunque no todas, pues precisamente iba a ser Asturias su puerto de entrada para el norte de España, ya que no gestiona ni la regasificadora de Bilbao ni la que construye Reganosa en la ría del Ferrol.

Según publicaba el diario Cinco Días el pasado miércoles día 20, Enagás considera que el decreto es un mazazo que 'le impedirá abordar su plan de inversiones futuras', que asciende a 4.300 millones hasta 2011, tal y como manifestó esta compañía en el consejo consultivo del gas de la CNE (Comisión Nacional de la Energía), que se reunió para tratar sobre estas órdenes ministeriales que están detrás de este gran revuelo.

Añadía Cinco Días:

El presidente de la compañía, Antonio González Adalid, en reuniones mantenidas en los dos últimos dos días con el secretario de la Energía, Ignasi Nieto, ha intentado que el ministerio dé marcha atrás en los cambios. Para elaborar la nueva normativa, que supone establecer una tasa de rentabilidad (TIR) de entre el 4,5% y el 7% para las regasificadoras y el resto de nuevas inversiones, Industria ha tomado como base un estudio que había solicitado previamente a la CNE sobre los valores estándares que se deben aplicar para calcular la retribución por las inversiones que el operador hace en las infraestructuras del sistema. En este estudio, remitido recientemente a Industria, el regulador se hace eco de lo que considera la cuestión esencial del problema: en un sistema en el que las infraestructuras se adjudican por concurso, el valor de éstas se determinan en el propio concurso. Sin embargo, en el caso de las del gas, que se han construido mediante adjudicación directa, es necesario establecer unos valores estándares que determinan los costes reales que hay que reconocer al operador.

Lo cierto es que estas grandes empresas de infraestructuras, como Enagás o Red Eléctrica Española se han venido manteniendo de manera continuada por encima del Ibex a lo largo de los últimos cinco años, pues su regulación basada en las aportaciones extraordinarias que reciben de manera continuada asegura su enorme rentabilidad, lo que pone extraordinariamente en cuestión el rigor con el que se abordan los grandes proyectos de inversión -pues sus impulsos pueden tener orígenes "extraños"-, como el inconcebible Plan del Gas en el que el gobierno asturiano ha puesto todas sus complacencias, impulsado por razones que nada parecen tener que ver, ni con la realidad del mercado eléctrico y sus necesidades, ni por supuesto con el interés general de la comunidad autónoma, ni tampoco con el mercado español de la energía, como se puso de manifiesto en los informes de la Comisión Nacional de la Energía que consideraron que la regasificadora de El Musel no era necesaria.

La caida en bolsa de las acciones de Enagás, el pasado miércoles, ante el conocimiento general de la caida de sus expectativas de nuevas inversiones, produjo un terremoto económico en los medios de comunicación nacionales, pero la prensa asturiana ha preferido esperar hasta conocer la declaración del Gobierno del Principado, para echarle una mano ante la opinión pública.

La Nueva España nos cuenta hoy que la portavoz del gobierno, Ana Rosa Migoya, aseguró que es un proyecto que va a salir adelante y sabemos del interés por desarrollarlo por parte de los grupos empresariales correspondientes», concluyó, en alusión al encuentro que mantuvieron el pasado mes de noviembre en Oviedo el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y el consejero de Industria, Graciano Torre, con el presidente de Enagás, Antonio González-Adalid.

Por su parte, El Comercio, publica también otra información, hoy, en la misma línea: La portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, aseguró ayer en Oviedo, de forma tajante, que el Ejecutivo regional «no tiene absolutamente ninguna duda» de que Enagas construirá la regasificadora de El Musel. La tranquilidad transmitida por la portavoz del Principado contrasta con el pesimismo del entorno gasista.

En un artículo tremendamente catastrofista, con el que abre hoy La Nueva España la sección de economía, titulado "Enagás se plantea renunciar a la regasificadora de El Musel porque los números ya no salen", este periódico dibuja un aterrador panorma, en defensa de los proyectos del Gobierno: «Asturias tiene un problema». Lo dijo ayer un directivo de una compañía energética española conocedor del pulso que mantienen las empresas gasistas con el Ministerio de Industria por el nuevo régimen retributivo de las futuras infraestructuras energéticas. Y entre ellas está la planta regasificadora de El Musel (Gijón), con 375 millones de euros de inversión y un proyecto largamente reclamado desde Asturias y al que dio luz verde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras las reiteradas negativas del Ejecutivo de José María Aznar.

Y aquí viene ahora el gran debate que durante tanto tiempo hemos venido manteniendo ante la opinión pública, sobre la viabilidad, la rentabilidad real desde el punto de vista del interés general, así como los beneficios que realmente puede aportar para Asturias, una inversión de 2.000 millones de euros que sin duda es un impresionante negocio para algunas compañías, pero que apenas si tendrá repercusión real para la economía que viven los ciudadanos, pues apenas creará empleo, aparte de sus tremendos costes medioambientales. La ausencia de un verdadero plan industrial para Asturias queda ahora de relive. El silencio y la complicidad de los partidos políticos asturianos, con excepciones muy notables como es el caso de la diputada Alicia Castro, les impide ahora realizar las valoraciones más atinadas ante la situación que se puede crear, para un gobierno, el del PSOE e IU, que se lo ha jugado todo a esta carta.

¿Quién podrá pedir responsabilidades por toda esta desmesura cuyas enormes debilidades están bien a la vista?

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