La CEOE y la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), de Ramón Jáuregui en Expansión
Hace sólo unos pocos años era impensable que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales dedicara el tiempo y los recursos que ha acabado dedicando a la Responsabilidad Social de las Empresas.
Era impensable porque, desde que surgió este tema en los años 2001/2002, la CEOE mostró una absoluta frialdad, por no decir un rechazo total, a ese concepto empresarial y a sus derivadas. Era impensable que, sólo unos pocos años después, la CEOE creara un grupo de trabajo y elaborara un amplio documento fechado en septiembre de 2006 titulado La empresa y la responsabilidad social.
No creo ofender a la cúpula de la patronal española si afirmo que esto de la ‘responsabilidad social de la empresa’, en sus inicios, no les gustó nada. Con el argumento de que la empresa que cumple las leyes y paga sus impuestos ya es responsable por antonomasia, y desde el principio de la exclusiva voluntariedad en las prácticas de RSE, la Confederación adoptó inicialmente una actitud precavida y temerosa de nuevas injerencias regulatorias, algo que literalmente enerva a muchos empresarios.
Recuerdo que ésa fue la actitud de los representantes de la CEOE en la Subcomisión parlamentaria creada al efecto, en el diálogo social, ante la convocatoria de un Foro de Expertos, en la mesa cuadrada de Global Compact de Naciones Unidas o en los trabajos conducentes a elaborar una norma de RSE en Aenor, por citar sólo algunos de los numerosos foros e iniciativas que se produjeron en este tema.
Sin embargo, hoy nos encontramos ante un documento extenso (casi cincuenta páginas), elaborado por una comisión creada ad hoc, después de hacer un rastreo intenso sobre este tema y después de escuchar las opiniones de sus asociados empresariales, sectoriales y territoriales, tanto grandes como pequeñas empresas.
En este proceso han influido, sin duda, las grandes empresas españolas que están recorriendo un notable camino de compromiso con esta seña identitaria de la empresa global en el siglo XXI, que concibe su competitividad sobre bases de sostenibilidad medioambiental y dignidad sociolaboral. Y siguiendo con el análisis, no creo que ello sea ajeno al notable éxito que están teniendo nuestras grandes compañías en su internacionalización.
La enorme rapidez con que se suceden los acontecimientos nos impide recordar que hace sólo unos años, pongamos a principios de los noventa del pasado siglo, era impensable que empresas españolas lideraran y compitieran al máximo nivel del mundo en sectores económicos fundamentales: la banca, la telefonía, determinados servicios tecnológicos, ferrocarriles, energía, agua, obra civil, textil, industria agroalimentaria, y me olvido, seguro, de otros muchos. Pues bien, esa presencia internacional –en América Latina especialmente, pero no sólo– está impulsando también esta cultura empresarial que busca la excelencia en la relación con todos sus stakeholders (grupos de interés), de manera que la competitividad de sus productos se base en una superación de las exigencias legales y en la máxima calidad de sus comportamientos en los planos laborales, sociales y medioambientales.
Se trata de una concepción estratégica de la empresa que penetra todas sus divisiones de gestión y que inspira un sentido del negocio que va más allá del beneficio al accionista y que concibe la empresa de manera sostenible en un entorno institucional, laboral, ecológico y social.
Como consecuencia de todo ello, la CEOE ha hecho un documento estimable aunque sigan muy presentes sus precauciones y límites. Estimable es reconocer una “larga tradición de aportaciones adicionales de las empresas a fines de interés general”, y un creciente desarrollo de esas iniciativas. Lo es igualmente constatar los obstáculos reales que tienen las empresas para desarrollar políticas eficientes de RSE o la confusión conceptual y de prácticas existentes.
Es estimable que la CEOE haya querido aportar a las empresas españolas orientaciones y clarificaciones sobre los principios que definen la RSE, así como criterios para su aplicación. En particular, es aquí, en su apartado III, donde se concentran las principales novedades por cuanto se hace un minucioso itinerario de las fases en las que debe articularse este compromiso estratégico de las empresas, distinguiendo: la manifestación inicial a favor de la RSE por parte de la compañía; la identificación de los grupos de interés; el diagnóstico interno y externo; la implantación de las políticas de RSE; su medición; el reporte y la comunicación social. Incluso es muy estimable la concreción del diálogo multistakeholders, por grupos de interés: consumidores y clientes, empleados, proveedores, medio ambiente, poderes públicos-sociedad y gobernanza-inversores.
A muchos, el documento de CEOE les ha parecido tímido y cargado de prejuicios. Admito que también cabe este análisis si se recorren sus reiteradas alusiones a conceptos que relativizan objetivamente esta idea: la voluntariedad, la gradualidad, la prevalencia de los resultados empresariales o la responsabilidad pública en la atención de las carencias sociales. Pero todas ellas son referencias ineludibles en una aproximación empresarial realista a este tema poliédrico.
Personalmente, echo en falta un posicionamiento de CEOE sobre tres aspectos que me parecen importantes. En primer lugar, creo que debe conocerse su punto de vista sobre la conveniencia de una estructura política en el Gobierno del Estado para la coordinación e impulso de la RSE en nuestro país.
También creo necesaria una clarificación y homologación de los sistemas de reporte y verificación de la RSE en las memorias sociales y, por último, muchos queremos saber qué saldrá respecto de este tema de la mesa del diálogo social con los sindicatos.
Acabo con una discrepancia abierta que mantengo con los representantes de CEOE respecto a la conveniencia o justicia de los estímulos fiscales o bonificaciones sociales a las prácticas de RSE. Juan Jiménez Aguilar negó su procedencia en su comparecencia ante la Subcomisión del Congreso de los Diputados.
Yo creo, por el contrario, que, al igual que se bonifican determinados contratos de colectivos desfavorecidos o se desgravan inversiones en I+D+i, es perfectamente razonable que se introduzcan cláusulas sociales en las contrataciones o adjudicaciones públicas, o se primen fiscalmente las prácticas de RSE, o se formulen criterios para una contratación pública sostenible y responsable.
Pero, con todo, celebro esta publicación de CEOE y les animo a los empresarios españoles a seguir por este camino de excelencia en la responsabilidad social y en la competitividad sostenible.
Ramón Jáuregui. Portavoz PSOE Comisión Constitucional Congreso de los Diputados.
