En Catalunya han circulado durante estos últimos años varios fantasmas considerados verdades evidentes e irrebatibles, auténticos dogmas de fe. Las balanzas fiscales, como el elemento básico para resolver equitativamente la financiación autonómica, ha sido uno de ellos.

Los temas financieros siempre son, por lo menos a primera vista, muy complejos para quienes no son especialistas en la materia. Después, reflexionando un poco, no lo son tanto y, como casi siempre sucede con las cuestiones prácticas, el sentido común permite entender lo fundamental, aunque los detalles se escapen un poco. Y esto es lo que sucede con las balanzas fiscales.

En efecto, ¿qué son las balanzas fiscales? Simplificando, vienen a ser la diferencia entre el flujo de impuestos pagados en el territorio de una comunidad autónoma y el flujo de servicios que ésta recibe por parte de los poderes públicos; es decir, por parte del Estado, de las mismas comunidades y de los poderes locales. Por tanto, no estamos hablando de qué cantidad de impuestos paga una comunidad, sino de la cantidad dineraria global que esta comunidad recibe de los poderes públicos.

Como sabemos por experiencia propia, ni las comunidades, ni los municipios, ni el Estado, pagan impuestos: quienes pagamos impuestos somos las personas individuales o las personas jurídicas; es decir, empresas u otras entidades o instituciones que no tienen carácter individual. Por tanto, Catalunya, para entendernos, no paga impuestos: quienes pagan impuestos son los ciudadanos catalanes o las personas jurídicas radicadas en Catalunya.

Parece lógico, de entrada, que se puedan conocer las balanzas fiscales y tampoco parece descabellado que sea un buen elemento para distribuir la financiación de las comunidades autónomas. Ahora bien, eso que parece tan sencillo y claro no es ni sencillo ni claro. Los poderes públicos invierten dinero en beneficio de las personas, no de los territorios. Y ello crea serios problemas a la hora de contabilizar las balanzas fiscales.

Pongamos un ejemplo: el AVE Madrid-Barcelona. La construcción de un kilómetro de AVE en la provincia de Guadalajara, ¿a quién beneficia? ¿A la comunidad de Castilla-La Mancha, a la que pertenece dicha provincia? ¿A Aragón, porque pasa por Zaragoza? ¿O a Catalunya, porque tiene parada en Lleida, Tarragona y Barcelona? ¿A quién se imputa el gasto en el momento de hacer la balanza fiscal? ¿Se benefician los territorios o las personas? Y si quienes se benefician son las personas, ¿no se beneficiará también el que viene de Oviedo o de Lugo y en Madrid se subirá al AVE para llegar hasta Barcelona? ¿Y los extranjeros? Como se puede comprobar, lo que al principio parecía sencillo se ha complicado mucho. Si ello es así, imaginen lo que llegará a complicarse al contabilizar todos los millones de flujos financieros y de servicios que se producen cada día en un Estado.

El ministro Solbes ya dijo en su momento, con su tono socarrón y voz afónica, que si se ponían de acuerdo el Estado y las comunidades en una metodología común, se estudiarían y publicarían las balanzas fiscales. Una comisión en la que estaban presentes especialistas de las partes implicadas parece que no ha llegado a ningún acuerdo, el asunto ha quedado archivado y, por tanto, la nueva financiación autonómica se calculará sobre otras bases. Si se confirma, en Catalunya tendremos un fantasma menos y, probablemente, de nuevo un motivo - no una razón- para practicar, una vez más, el victimismo.