Necesaria reforma de la política de competencia europea, de Xavier Vives en Expansión
Italia ha conseguido, en efecto, bloquear la fusión de la española Abertis con la italiana Autostrade –que habría creado una compañía de infraestructuras paneuropea– cambiando las reglas del juego en medio de un proceso de fusión e introduciendo una incertidumbre sustancial sobre los términos de las concesiones de carreteras.
Pese a las objeciones de la Comisión Europea, Roma se ha salido con la suya –por el momento, y tal vez definitivamente– por tres motivos. En primer lugar, la regulación está fragmentada y el regulador italiano, Anas, no tiene que responder a ninguna lógica europea. En segundo lugar, el Gobierno italiano, en lugar de enfrentarse a la autoridad de Bruselas directamente, expuso que la cuestión pertenecía a Italia. En tercer lugar, las herramientas de la política de competencia europea son limitadas. Esto es así particularmente en los sectores regulados nacionalmente y siempre que se trate de una propiedad pública.
En Europa existen muchos conflictos entre la regulación y la política de competencia. En el mercado energético, las empresas integradas verticalmente que controlan el transporte (conductos) y la transmisión (redes de alta tensión) pueden discriminar a las nuevas candidatas y bloquear su entrada.
También carecen de incentivos para proporcionar la capacidad de interconexión adecuada entre países. Los mismos reguladores nacionales podrían no contar con los incentivos apropiados para solucionar el problema si reflejan los deseos del Gobierno a corto plazo.
En el sector de las telecomunicaciones se negocia la regulación de los mercados mayoristas para reducir las tasas por itinerancia de la telefonía móvil. En este sector, la Comisión Europea, la autoridad de la competencia, también se siente tentada a intervenir con capacidad reguladora para promover el acceso a las redes existentes. Una alternativa podría ser la de fomentar la competencia en infraestructuras, por ejemplo, entre los operadores incumbentes y de cable en el suministro de servicios de banda ancha.
En la banca, las comisiones o tasa de ‘intercambio’ entre bancos mercantiles y bancos comerciales en el negocio de las tarjetas de crédito puede ser otro candidato a la regulación. Una alternativa podría ser el fomento de la competencia entre las redes de patentes de los bancos y las asociativas como MasterCard para mantener bajo control el poder potencial de mercado.
El control estatal
Los problemas se agravan cuando hay empresas bajo control estatal de por medio ya que, en este caso, el Gobierno está tanto del lado del regulador como del regulado y, por lo tanto, el regulador se enfrenta a un conflicto de intereses, algo particularmente relevante en el sector energético.
Una resolución satisfactoria a los conflictos entre regulación y política de competencia se tiene que asentar sobre tres pilares: el confinamiento de la regulación a los sectores de monopolio naturales como principio general; la creación de un sistema de reguladores para toda Europa con principios comunes y libros de normas; y la eliminación progresiva de la propiedad pública en las industrias de ‘redes’ como la energía, las telecomunicaciones y la banca.
Con respecto al primer pilar, cada vez que Bruselas intenta regular un sector empresarial competitivo, se encuentra con problemas porque la regulación termina siendo intrusiva; el sector de las telecomunicaciones no es una excepción.
Sobre el segundo pilar, los reguladores nacionales deberían estar integrados en un sistema europeo con normas comunes, sector por sector, que proporcionen un terreno de juego uniforme en toda Europa. Por ejemplo, la transmisión y el transporte en los mercados energéticos deberían ser ‘eliminados’ del suministro y la generación porque son un monopolio natural, y el control de este embudo posee un alto potencial para excluir a los rivales.
La capacidad de interconexión entre fronteras debería ser gestionada a nivel europeo. En las concesiones de carreteras, los reguladores nacionales deberían acatar una serie de normas europeas que evitan el oportunismo regulador y los cambios arbitrarios. En el sector bancario existen más argumentos de estabilidad, basados en el riesgo sistémico potencial de los fracasos bancarios paneuropeos, a favor de una coordinación más estrecha entre los reguladores nacionales.
Con respecto a las empresas bajo control del Estado, las distorsiones que introducen podrían acabar paralizando la reforma y la integración del mercado en una industria integral. En el sector energético, esto puede ser el resultado del control del Gobierno francés.
Para fomentar la integración europea en las industrias de redes tenemos que confiar en directrices claras sobre el equilibrio entre regulación y política de competencia y dar serios pasos hacia un sistema de reguladores europeos que acabe con la fragmentación reguladora. Estas medidas contribuirían de forma decisiva a superar los obstáculos actuales hacia un mercado competitivo ampliado.
Para esto, Bruselas tiene que promover más la competencia que la regulación por cuestión de principios y una regulación más coordinada por una cuestión fundamentalmente práctica.
Xavier Vives. Profesor de Economía y Finanzas del IESE Business School nomía y Finanzas del IESE Business School y de Icrea UPF.
