Lo peor que podía ocurrir es que “el denominado proceso de paz”, según la fórmula del ministro del Interior, se convirtiese en un absurdo. Peor incluso que, como venía ocurriendo, convertirlo, entre unos y otros, en un campo de batalla entre los representantes democráticos de los españoles. Y, desgraciadamente, lleva trazas de acercarse vertiginosamente al absurdo.

No me refiero a la ensalada de datos, rumores, exclusivas, informaciones y desmentidos. Una situación como la que se plantea está necesariamente encubierta por la discreción, plagada de secretos y removida por las filtraciones interesadas pero, al fin y al cabo, los datos que se confirman ofrecen una cierta lógica. El absurdo peligroso sería, si no se remedia, el de la posición del Gobierno español.

Hasta el momento, el presidente Rodríguez Zapatero aseguraba mantenerse en el marco de la resolución del Congreso sobre “el final dialogado” y, en ese escenario, en el periodo de verificación de la ausencia de violencia. En ocasiones parecía que el objetivo del Gobierno no era tanto “verificar” lo más objetivamente posible la ausencia de violencia y la voluntad de ETA de terminar efectivamente con ella, sino la de demostrar, si era necesario contra viento y marea, que la situación era la que se deseaba. Pero más allá de los juicios y las valoraciones, ése era el esquema teórico y el ministro del Interior tuvo que afirmar públicamente que algunos hechos (amenazas, violencia callejera, etc.) no eran los previstos en la resolución parlamentaria y el presidente hubo de admitir que el robo de pistolas por parte de la banda terrorista tendría consecuencias.

Es bien sabido que el PP no se ha mostrado tan optimista y ha insistido, aunque se opuso a la resolución, en que ni sus condiciones elementales se estaban dando. Nadie desconoce que muchos gestos del Gobierno le han parecido a la oposición cesiones inaceptables o, al menos, la creación de un ambiente en el que era lógico que Batasuna y ETA la esperasen antes o después. Pero esto no es el absurdo, sino la grave discrepancia en esta materia que hemos contemplado en los últimos meses.

El absurdo es que el Gobierno pretenda modificar ahora el escenario. Es decir, que en vez de comprobar una situación (la ausencia de violencia y la voluntad de terminar con ella) para iniciar un “proceso” discutible, se pretenda ahora mantener éste a toda costa, aun sin aquellas condiciones, mediante el recurso a gestos ante ETA, cesiones parciales, por pequeñas que sean, promesas a corto o medio plazo.

La última noticia, previa a la entrevista de Rodríguez Zapatero con Mariano Rajoy, es un contacto entre los mediadores del Gobierno y la banda. Está claro que no es una reunión oficial —la que se produciría verificada la ausencia de violencia—, pero es igualmente evidente que no es sólo un encuentro exploratorio más, sino la reanudación de un contacto que se había perdido por la falta de voluntad de ETA de dejar las armas en las condiciones establecidas por el Parlamento. El “pesimismo” de Batasuna, hecho público antes y después de conocer ese contacto, se basa en que el inicial planteamiento gubernamental no le basta y quiere, cada día con más fuerza (y la correspondiente violencia), que se avance paralelamente con las “mesas políticas”, que se aborde la autodeterminación, que se tomen medidas urgentes para los presos, que cambien las líneas de actuación de los jueces, etc.

Si el contacto de la pasada semana y el esquema de actuación del Gobierno a partir de ahora (con la disculpa de que las cosas no están tan mal, el alto el fuego no se ha roto, etc.) se acerca, aunque sea mínima y reducidamente a esas pretensiones, todo se convierte en un absurdo. Recuérdese esta deriva al absurdo cuando se analiza la comparecencia ante la prensa del ministro del Interior, que muy difícilmente se puede interpretar de otro modo.