Por una hora más, de Francesc de Carreras en La Vanguardia
El Ministerio de Educación ha publicado un decreto según el cual los alumnos de primaria deben recibir tres horas de clase semanales de lengua y literatura castellanas cuando ahora el número de clases es sólo de dos. No parece exagerado ni insensato. Sin embargo, la medida ha sido inmediatamente rechazada, con indignación, por parte de CiU, ERC, ICV y numerosos comentaristas.
¡Con la lengua hemos topado, amigo Sancho!
Una de las características de la política catalana de los últimos veinticinco años es que en materia lingüística debes estar de acuerdo al cien por cien con las medidas que se toman desde la Generalitat o pasas a ser considerado un anticatalán que pretende dividir a la sociedad y sembrar la discordia. En esta materia existe un espíritu inquisitorial cuyo objetivo es, simplemente, que los que están en el poder puedan tomar las medidas que consideran oportunas y los demás debamos estar calladitos y obedientes. Esta santa inquisición ha determinado que no hay problema lingüístico alguno y, por tanto, cualquier discrepancia con la política oficial, por pequeña que sea, es vista como un ataque al catalán. ¡Extraña concepción de la democracia tienen estos padres inquisidores!
Es evidente que el tema de la lengua es delicado, lo es aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Pero lo que no podemos hacer es renunciar a que sea debatido en público, por supuesto con el respeto y la mesura con los que deben tratarse los temas delicados. Más todavía cuando hay un consenso básico en el diagnóstico: en Catalunya se hablan dos lenguas muy parecidas, de hecho todos los ciudadanos las entienden, unos se expresan mejor en una que en otra, otros se expresan por igual en ambas.
A excepción de algún inevitable acto de intolerancia, siempre existente en una sociedad sobre cualquier materia, la sociedad catalana es un modelo de convivencia lingüística: en la calle, en los centros de trabajo, incluso en muchas familias, ambas lenguas se utilizan sin complejos ni conflictos. Ciertamente, en la vida social no hay problemas, más allá de las raras excepciones mencionadas. En términos generales, se puede decir que hay una extraordinaria buena voluntad por parte de una apabullante mayoría.
Otro factor que tener en cuenta es la desigual posición en el mundo de ambas lenguas. Efectivamente, el castellano es una lengua hablada habitualmente por varios centenares de millones de personas, tanto en Europa como en América; mientras que el catalán lo hablan apenas sólo diez millones y su ámbito territorial es mucho más reducido. Es natural, por tanto, que los poderes públicos adopten medidas que protejan el catalán.
Ahora bien, no cualquier medida es legítima si partimos de los principios liberales y democráticos de libertad e igualdad. El límite irrenunciable de estas medidas debe situarse en la libre opción lingüística individual y en la utilización de ambas lenguas por parte de los poderes públicos, dado que éstos son poderes democráticos legitimados por un pueblo compuesto de ciudadanos que tienen como propia tanto una como otra lengua.
El Estatut de 1979 y la primera ley catalana de política lingüística, la ley de 1983, establecieron un muy buen modelo de bilingüismo integrador. La actual ley de 1998 y el vigente Estatut, además de la práctica reglamentaria seguida desde mediados de los años ochenta, han ido desvirtuando el espíritu de aquellos primeros textos legales: se ha instaurado el catalán como lengua oficial única en las instituciones, el catalán es la única lengua vehicular que se utiliza en la enseñanza, se imponen multas por no utilizar el catalán en su rotulación o en sus impresos a los comercios y a otras instituciones privadas abiertas al público.
El nuevo Estatut, además de reafirmar todo lo anterior, da un paso más y prevé en su artículo 34 el deber de disponibilidad lingüística: todo cliente de una empresa o entidad tiene el derecho de ser atendido, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elija. No creo que ninguna de estas medidas sea conforme a la Constitución, menos aún que sean sensatas, adecuadas y convenientes si lo que de verdad se pretende es asegurar el futuro del catalán.
En efecto, ciertos aspectos de la reciente política lingüística tienen un carácter impositivo y obligatorio que los hacen antipáticos. La inmensa mayoría de los ciudadanos tiene, como es natural, buena disposición para aprender y para utilizar el catalán. Ahora bien: que no se lo impongan, que no les digan, expresa o implícitamente, que en caso de no hablarlo serán considerados poco integrados, en el fondo malos catalanes, personas que no quieren a Catalunya. Con estos métodos, como también es natural, sólo se conseguirá el rechazo a utilizar el catalán, y es por todo ello que, en la percepción de muchos, el catalán ha pasado de ser una lengua perseguida a una lengua perseguidora. El rechazo a una hora más de lengua castellana no hace más que reforzar esta antipatía al catalán. Por una hora más, nos ganamos enemigos: no es nada inteligente.
Criticar estos aspectos antipáticos de la política lingüística no es ir contra el catalán, sino a favor suyo. La mejor vía para la salud del catalán y de la convivencia entre catalanes es la que señaló hace muy poco el conseller de Economia, Antoni Castells, en estas mismas páginas (10/ XII/ 2006): "En derechos lingüísticos es mejor incentivar y persuadir que sancionar".
