Los menores de 35 años tienen cada vez más problemas para acceder al mercado inmobiliario. De hecho, el esfuerzo que deben realizar los jóvenes para adquirir una vivienda libre creció 3,5 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2006, hasta representar el 64,3% de su renta bruta disponible, es decir, de su salario anual menos los impuestos.

Éstos son los cálculos que fueron ayer presentados en Madrid por el Observatorio Joven de la Vivienda, organismo dependiente del Consejo de Juventud de España (CJE). Así, la diferencia entre el máximo desembolso que puede realizar un menor de 35 años y el precio de un piso de 100 metros cuadrados alcanza los 104.255 euros, lo que representa siete años de rentas íntegras brutas del trabajo de un joven español. El CJE achaca esta brecha al incremento del valor de los inmuebles y al aumento de los tipos de interés en 2006.

Pero no se puede pagar una casa si no se tiene un puesto de trabajo. La proporción de jóvenes con empleo alcanzó en el segundo trimestre se situó en el 68,7%, la tasa más alta desde marzo de 2003. No obstante, el 47,6% del total de trabajadores menores de 35 años tiene un contrato temporal, según el CJE.

Por provincias, los jóvenes de Vizcaya son los que más esfuerzo deben realizar para acceder a una vivienda: el 82,4% de su sueldo, seguido de los que viven en Málaga (79,9%), Madrid (79,6%), Barcelona (79,5%) y Guipúzcoa (78,5%). En el extremo opuesto se sitúa Teruel, (33,7%), seguida de Ciudad Real (37,2%), Cáceres (38,2%), Lérida (38,2%) y Badajoz (39,4%).

Si se separan los datos relativos al mercado laboral por comunidades autónomas, son ya nueve las regiones que cuentan con tasas de temporalidad joven superiores al 50%, frente a las seis del segundo semestre de 2005. Andalucía, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla-La Mancha cuentan con una menor proporción de menores de 35 años trabajando como fijos respecto a aquellos temporales.

El vicepresidente del CJE, José Luis Arroyo Sánchez, aprovechó la presentación de las conclusiones del Consejo para alabar la decisión de la Generalitat catalana de impulsar un proyecto de ley de derecho a la vivienda que contempla expropiaciones temporales y multas de hasta 900.000 euros para aquellos propietarios que tengan vacíos sus inmuebles. El objetivo de la iniciativa legislativa es fomentar la puesta en mercado de estos pisos en régimen de alquiler.

Arroyo señaló que la propuesta “sustituye la concepción material” de la vivienda por su “idea constitucional” de derecho social. No obstante, no habló de la protección de la propiedad privada, principal crítica de los detractores del proyecto de ley.