Nos hemos tenido que sentar con cada uno de nuestros abogados para estudiar cuál es la mejor forma para afrontar el sobrecoste de la reforma" del sector, señala el socio director de Maniega & Soler, José Antonio Soler. La firma, que cuenta con unos 60 abogados, ha optado en algunos casos por repartir los costes extras de la reforma entre la empresa y el propio profesional.

Esa reforma prevé que desde el 1 de febrero pasado todos los abogados deben estar contratados directamente por el bufete y desaparece la tradicional figura de profesional autónomo sin contrato laboral. El coste directo de este cambio es que las empresas deberán pagar la seguridad social de sus abogados. Ese pago puede llegar a representar alrededor de un 30% de los honorarios de un empleado.

En grandes bufetes como Uría Menéndez, Cuatrecasas o Roca Junyent el sobrecoste ha sido asumido por la empresa. José María Segovia, socio director de Uría Menéndez, señala que la regularización de sus trabajadores ha significado un incremento del conjunto de los costes del 8%.

La regularización se complementó el mes pasado con la aprobación por parte del Gobierno de un real decreto que define con más exactitud cuál es la relación laboral de los abogados con los bufetes y que el legislador califica como "especial". La mayoría de las grandes firmas de abogados acata con respeto la regulación pero considera que la modificación era "innecesaria".

Respecto a los efectos que tendrá el real decreto del mes pasado sobre el día a día en los despachos, Segovia cree que "se modificarán poco las relaciones labores entre los trabajadores". Uno de los cambios que se introducen es la posibilidad de que el sector elabore un convenio colectivo. Los profesionales son escépticos. José Antonio Fernández Bustillos, socio de Roca Junyent, cree que "puede tardar en elaborarse ese convenio". Entre otras razones esgrime que no está claro quién debería negociarlo, pues no existen patronales de los bufetes.

Fernández Bustilllos cree que uno de los principales problemas de la regulación es el tipo de relación que se establece entre las dos partes. El real decreto "debería potenciar más la libertad de relación entre el abogado y el despacho", asegura. Para el socio de Roca Junyent, el texto legal no facilita el tránsito lógico que se da desde ser un trabajador de un bufete a socio del mismo, porque en algunos casos se establece una relación extremadamente rígida. Según el real decreto, los socios del bufete quedan fuera de la obligatoriedad de ser contratados directamente por el despacho.

Quien no ha tenido que hacer ningún cambio es, entre otros bufetes, Garrigues ´ , pues desde hace años todos sus abogados estaban contratados directamente y no había empleados autónomos. Fernando Rey, socio director de Garrigues en Barcelona, asegura: "Ahora todos los bufetes estamos con la misma estructura de costes".

Como norma general, los abogados salen beneficiados en sus derechos con la nueva regulación porque queda mucho más definida su función y disfrutan de las protecciones que tiene el resto de los empleados por cuenta ajena. A partir de ahora los abogados deberán en teoría cumplir un horario (aproximadamente de 40 horas semanales), el despacho deberá ofrecer unos cursos de formación mínima, se establece un contrato de prácticas que no podrá ser de más de dos años y se fija la retribución mínima para el personal en prácticas. Menos claras están las cosas respecto a los sueldos. Antes, al abogado autónomo Hacienda sólo le retenía un 15% de su sueldo. Ahora, en cambio, al tener nómina su retención crecerá cuando sus ingresos aumenten.

El real decreto especifica también que los abogados despedidos recibirán una indemnización como el resto de los empleados y se introduce el concepto de "pérdida de confianza" como causa de despido. Salvador del Rey, socio director del área laboral de Cuatrecasas, destaca que ésa "es una de las grandes innovaciones" de la reforma.

Sobre los efectos en el sector, Salvador del Rey considera que los grandes perjudicados serán los pequeños bufetes con estructuras reducidas, en los que el sobrecoste de contratar a sus abogados será más alto. Manubens & Asociados cuenta con 40 abogados. Carlos Manubens, socio director de la firma, asegura: "Tras la regularización, nuestros abogados están más motivados y trabajan mas".