Una plataforma de juristas catalanes defiende derogar la Ley de Partidos y la Ley Antiterrorista, de Carol Álvarez en El Mundo
Apelan al sentido común de los jueces cuyas decisiones ponen en peligro el proceso de paz en el País Vasco y, organizados en una plataforma, abogan por derogar la Ley de Partidos y la Ley Antiterrorista como forma de impulso al citado proceso.
La iniciativa, presentada ayer en Barcelona, parte de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas y la Asociación Catalana de Derechos Humanos, pero cuenta ya con más de 150 firmas de abogados, fiscales y jueces que respaldan la medida con el apoyo expreso del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Se da la circunstancia de que Jiménez Villarejo es uno de los asesores con los que prevé contar el conseller de Interior catalán, Joan Saura.
Fue Jiménez Villarejo quien con más contundencia se manifestó ayer. El ex fiscal advirtió a los jueces de la trascendencia de sus decisiones, algunas de las cuales ponen en peligro el proceso de paz y aludió a los registros judiciales de las herriko tabernas «un año después de disponer del informe pericial de su situación» derivado del proceso de ilegalización de Batasuna. En este contexto, Jiménez Villarejo denunció que el Tribunal Supremo «no puede tomar decisiones que obstaculicen el proceso».
Para los juristas firmantes del manifiesto, la ley se ha de interpretar con arreglo a la «realidad social» y, según esa línea de argumentación, la Ley de Partidos «no se puede aplicar ahora igual que cuando se aprobó en 2002 porque hace tres años y medio que ETA no asesina a nadie», concluyó Jiménez Villarejo.
El manifiesto también cuestiona la política del Gobierno de Zapatero en tanto que, en palabras del ex fiscal, «no ha hecho ningún gesto para acercar a los presos etarras al País Vasco».
La iniciativa jurídica por la defensa de un proceso de paz recuerda que «el derecho a la paz de la comunidad social» constituye una obligación ineludible de los poderes públicos más allá de los intereses partidistas, e insta a las instituciones a posicionarse de forma clara.
Entre las medidas legislativas que plantean, los juristas reclaman la recuperación de la legislación ordinaria penal y administrativa en materia de derecho de asociación y participación política, libertad de expresión y protección penal de los derechos. También instan a la derogación de la normativa excepcional en materia de terrorismo.
La plataforma de juristas también denuncia aquellas resoluciones de jueces y magistrados que, huyendo «del sentido común», constituyen «interpretaciones alambicadas dirigidas a obstaculizar el proceso de paz en general y la reinserción en particular».
Finalmente, el manifiesto reclama el «tratamiento digno» de los penados por terrorismo, el acercamiento de presos y la «reinserción sin discriminación».
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