España se quedó, al término del pasado ejercicio, a sólo dos puntos de la convergencia media europea. Los datos de Eurostat, que incluyen la renta per cápita de los nuevos socios del Este desde el año 2003, con el consiguiente descenso estadístico de riqueza general por habitante en el conjunto de la UE, sitúan a España como estandarte de un bloque de trece países que mantienen niveles inferiores al índice 100, la frontera que determina la recepción de fondos de cohesión.

Por debajo de España, que llega al 98%, un punto más que en 2004, aparecen Chipre, a once puntos de convergencia, y Grecia, a dieciséis, aunque en esta trayectoria la oficina estadística europea no ha tenido presente la mayor revisión en la historia de la economía helena, realizada en verano por su banco central, y que supuso un incremento del 25% de la riqueza nacional al incorporar el valor de su mercado negro.

Pero la fulgurante carrera de España hacia el pleno ensamblaje con Europa –en el momento de su acceso era del 70%–, deja ciertas asignaturas pendientes para garantizar en el futuro el paulatino acercamiento económico frente a los socios más ricos del club. Uno de estos interrogantes es la pérdida de fondos estructurales.

Algunos cálculos precisan que la economía hispana se hubiera dejado alrededor de dos puntos de crecimiento anual sin la contribución financiera de la UE desde su ingreso, en 1986. De hecho, a partir del próximo mes de enero, instante en el que entran en funcionamiento las perspectivas financieras del septenio 2007-2013, tan sólo Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia seguirán inmersos en el Objetivo 1 de regiones más pobres de la Unión. Por contra, otras áreas geográficas como Madrid, con el 126,7%, o Navarra (119%), superan las cotas de países como Alemania, a la que Eurostat concede el 110%; Francia (108%) o Reino Unido: 117%.

Un segundo factor determinante es la falta de competitividad derivada, por un lado, del aumento del diferencial de precios respecto a la zona del euro y, por otro, de la caída de productividad, en gran parte motivado por el déficit tecnológico hispano. De hecho, en junio, el Gobierno culpó al proceso de convergencia de precios con Europa del repunte de la inflación, que ese mes tocó el 4%. Pero, quizás el fenómeno más preocupante sea el escaso progreso en la nueva economía.

Pese al compromiso del vicepresidente económico, Pedro Solbes, de duplicar para 2010 hasta el 2% del PIB el gasto en I+D+i y de señalar a la innovación y las nuevas tecnologías como motores del cambio de patrón económico español, las incógnitas en este terreno persisten.

Al margen de si se cumple el vaticinio de José Luis Rodríguez Zapatero de que España alcanzará la plena convergencia europea este mandato. La Fundación Cotec considera que el esfuerzo presupuestario que recomienda la Agenda de Lisboa –3% del PIB–, será en vano por la escasa plantilla de investigadores y por el agotamiento de un modelo agotado e incapaz de absorber este hipotético excedente.

También La Caixa, en uno de sus últimos informes, achaca a la baja productividad la ralentización del viaje español de los últimos años hacia la renta per capita europea. O la propia Comisión Europa, que insta al Gobierno español a destinar a I+D+i la mayor parte de sus próximos fondos estructurales.

El tercer gran elemento que ha sustentado el ritmo de convergencia ha sido la aportación económica de los inmigrantes. La llegada de 3,3 millones de foráneos desde 1995 ha sumado seis décimas anuales al PIB y ha contribuido a que la media del crecimiento español en la última década alcanzara una velocidad de crucero del 2,6% al año.