La justicia se mueve. Una plataforma formada por unos 150 magistrados, catedráticos, profesores y abogados y por una decena de entidades con sede en Barcelona y Bilbao presentó ayer en Barcelona un manifiesto en defensa del proceso de paz en Euskadi. El documento cuenta con la firma del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y con la de Michael Ratner, presidente del neoyorquino Center for Constitutional Rights, una de las entidades que más han combatido el infierno jurídico de Guantánamo.

Casualmente, otra plataforma con 141 abogados y personas vinculadas a la justicia presentaron ayer ante el Tribunal Supremo un texto en el que piden que se resuelva "con urgencia" el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 12 años al etarra Iñaki de Juana por amenazas terroristas por dos artículos en Gara.

La plataforma presentada en Barcelona también cargó, por boca de la catedrática de Derecho Penal Merche García Aran, contra la sentencia contra De Juana. Ésta es, a criterio de García Aran, "más que discutible" al haberse aplicado lo que se considera "derecho penal de autor" por haberse actuado contra De Juana por lo que es (miembro de ETA, pero con la condena cumplida) y no por lo que hizo (escribir dos artículos contra los que los supuestos amenazados nada dijeron).

El documento señala como "única forma de alcanzar la paz" el compromiso de todos los involucrados por el respeto de las vías democráticas y de los derechos humanos.

Entre las medidas que propone para consolidar el proceso de paz en Euskadi está la derogación de las leyes de carácter excepcional en materia de terrorismo y también la ley de Partidos, mediante la que se ilegalizó a Batasuna. También exige que las resoluciones judiciales se enmarquen en "el sentido común" y no sean "interpretaciones alambicadas" para torpedear el proceso de paz. El ex fiscal jefe de Catalunya Carlos Jiménez Villarejo recordó que el artículo 3 del Código Civil obliga a aplicar las leyes "según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto". Una de las impulsoras del texto, la abogada Gemma Calvet, apuntó que ante una situación como la actual "no se puede permanecer en silencio". El abogado bilbaíno Patxuku Abrisketa, en representación de Res Publica (que agrupa a 80 jueces, abogados y juristas de Euskadi), lamentó el "cinismo" y el "cretinismo" que juega el PP en el proceso actual.

La tercera petición del texto es el acercamiento de presos a Euskadi. España acaba de ratificar un reglamento europeo que insta a que los presos cumplan condena cerca de su domicilio, petición histórica de los presos de ETA. Por tanto, para Villarejo, esta medida "no sería una concesión ni una traición" sino una mera "aplicación de la ley".