Hoy aprueban unas normas éticas que también obligan a sus dirigentes

La dirección de Izquierda Unida (IU) aprobará hoy un código de compromisos políticos y éticos, que deberán asumir y firmar todos sus cargos públicos o institucionales antes de ocupar esos puestos. En él se comprometen a luchar contra la especulación urbanística, el tráfico de influencias y la corrupción de cualquier tipo, así como a informar de sus ingresos y del patrimonio que poseen.

Según ese código, al que ha tenido acceso EL MUNDO, cualquier militante o cargo público de IU que sea imputado o procesado por la Justicia -por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, enriquecimiento injusto, tráfico de influencias, apropiación de caudales públicos, cohecho, racismo, xenofobia o violencia de género- «cesará de forma inmediata de esos cargos».

Para garantizar la presunción de inocencia y evitar abusos, quien considere que su acusación no tiene ningún sustento y que ha sido planteada para obligarle a dejar el cargo podrá solicitar un pronunciamiento al Consejo Político Federal.

Aunque estas normas todavía no han sido aprobadas, el alcalde de Camas (Sevilla), Agustín Pavón -que está imputado en un presunto intento de soborno a una concejala, acusación que él siempre ha negado-, ha decidido no presentarse a las próximas elecciones «para no perjudicar a IU y que no se ataque la honestidad de esta organización».

En el código también se prevé que las personas imputadas por la Justicia serán suspendidas provisionalmente de militancia y no podrán presentarse a las elecciones, sean municipales, autonómicas, estatales o europeas.

Los estatutos de la federación que lidera Gaspar Llamazares ya son muy exigentes en todas estas cuestiones. Pero los casos de corrupción y los escándalos urbanísticos que se han conocido en los últimos meses en distintos ayuntamientos y comunidades han llevado a los dirigentes de IU a endurecer aún más las normas de conducta para sus cargos.

El código ético será debatido hoy -y, previsiblemente, aprobado- por el Consejo Político Federal de IU, su máximo órgano de dirección entre cada congreso que integran casi 200 personas).

Entre otras cosas, en ese código se acuerda crear en IU un registro en el que consten todos sus cargos públicos, asesores, miembros de consejos de empresas públicas o mixtas y de las administraciones (local, autonómica, estatal y europea).

Todas esas personas firmarán que se comprometen a luchar contra el transfuguismo político y a comunicar a la Comisión de Control de Finanzas de IU las variaciones que se produzcan en su patrimonio mientras ocupan el cargo y el que tienen al dejarlo.

Los diputados, senadores, parlamentarios europeos y cargos institucionales deberán comunicar sus ingresos y cotizar a IU según se prevé en sus estatutos. Los militantes que lo soliciten recibirán esa información.

Quien ocupe un cargo público o en la dirección de IU no podrá contratar a empresas de las que forme parte o que sean de sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco.

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