El nuevo tripartito que preside José Montilla ha decidido recuperar uno de los proyectos de ley más polémicos de la etapa de Pasqual Maragall: la ley de Derecho a la Vivienda. Esta ley que aprobó el Ejecutivo catalán el pasado 25 de abril murió en el trámite parlamentario debido al adelanto electoral.

Dicha normativa prevé, entre otras cosas, la expropiación temporal de pisos que se encuentren vacíos por espacio de dos años. El motivo que esgrime el tripartito es evitar “operaciones especulativas”. Mediante “expropiaciones temporales” la Generalitat pretende fomentar el alquiler en el mercado de la vivienda. La ley tiene especial cuidado en destacar que no afecta a las segundas residencias.

El conseller de Medio Ambiente y Vivienda, el ecosocialista Francesc Baltasar, indicó que “la vivienda es una de las primeras prioridades de este Gobierno”. Baltasar sostuvo que “hay que superar las recetas neoliberales que se habían llevado a cabo desde hace tiempo que decían que el mercado ajustaría los precios y se ha demostrado que no es así”. Tras la declaración de intenciones, el número dos de ICV en la Generalitat afirmó que esta ley se aprobará en el próximo periodo de sesiones. Es decir, antes de junio de 2007.

Alquiler y rehabilitación

En el caso de que las diferentes medidas de fomento para incorporar las viviendas al mercado de alquiler no funcionen la ley expone que la Administración puede acordar el alquiler forzoso de la vivienda previa a la declaración de “incumplimiento de la función social de la propiedad”. Este “alquiler forzoso” tendría un plazo que no podría ser superior a los seis años. La ley también comprende “la indemnización correspondiente al derecho de usufructo”.

Una de las maneras con las que la nueva ley pretende saber si una vivienda está desocupada o no, es solicitando información relativa los datos del censo de habitantes y de otros registros públicos en la relación a “consumos anormales de agua, gas y electricidad”. Las viviendas vacías también podrán ser cedidas a la Administración para que se haga cargo de la gestión en alquiler a cambio de pacto en el cobro.

La Generalitat además “puede utilizar” otras medidas, entre ellas las de carácter fiscal, con el objetivo de incentivar la ocupación de las viviendas y “penalizar la desocupación injustificada”.

Más allá del plano coercitivo la Ley de Derecho a la Vivienda introduce novedades como es el tratamiento del mobbing inmobiliario o la persecución de la sobreocupación. Pero destaca la rehabilitación como elemento integrador en la cohesión del paisaje urbano.

El fomento de la conservación y rehabilitación de las viviendas se prevé como una prioridad en las políticas que impulse la Generalitat, y el control periódico del estado de los edificios como una medida imprescindible para impedir la degradación irreversible del parque de viviendas. En este sentido, se establece un sistema de control para evaluar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de los inmuebles a lo largo de su vida útil por medio de la acreditación oportuna.