Ni el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ni la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, la calificaron como una medida “económicamente viable”.

Sin embargo, el anteproyecto de la Ley de Igualdad llegará al Congreso con la incorporación de una medida que apoyaron desde un principio todos los grupos parlamentarios, excepto los socialistas, y que contempla la consecución de un permiso de paternidad de 28 días –que se convertiría en el más generoso de la UE – , eso sí, aplicable de forma gradual en los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la norma.

Hasta que llegue la fecha, los trabajadores disfrutarán de una licencia de 15 días por el nacimiento de un hijo. Una concesión que supone un desembolso de 240 millones de euros –120 millones por semana– para la Seguridad Social: la suma, facilitada en su día por el propio titular de Trabajo, toma de referencia el impacto económico del permiso de maternidad, que continúa fijado en 16 semanas.

A pesar del montante económico y de que el umbral de las 4 semanas había desaparecido del horizonte del Ejecutivo , finalmente el grupo socialista –cuya portavoz en la Comisión, Mariví Monteserín, pidió no convertir este asunto en “el nudo gordiano” de la negociación – se ha visto forzado a ceder ante esta petición. El motivo: de este “nudo” dependen los votos de sus aliados en el Congreso –IU y ERC– y, por tanto, la garantía de que la Ley de Igualdad salga adelante.

Pero el dictamen del anteproyecto, que la próxima semana se debatirá en el Pleno del Congreso, también ha incorporado una partida nueva. Se trata de un subsidio por maternidad, durante 42 días, equivalente al 100% del IPREM, esto es, 475 euros para 2006.

La prestación es novedosa en cuanto que no exige ningún plazo previo de cotización para las mujeres de 21 años o menos que hayan dado a luz. El único requisito es que deben estar dadas de alta en la Seguridad Social –basta un solo día–, un gesto simbólico para no contradecir la legislación vigente.

Para las madres de edades entre los 21 y los 26 años se fija el mismo subsidio, si han cotizado 90 días en los siete años inmediatamente anteriores al parto o 180 días en toda su vida laboral. Curiosamente, a partir de los 26, la Ley endurece la normativa vigente: se requieren 180 días cotizados en los últimos siete años, en vez de cinco; o bien, 365 días cotizados a lo largo de la vida laboral.

Tal y como estaba previsto, el proyecto incluirá la obligatoriedad de negociar planes de igualdad en las empresas con más de 250 trabajadores y la paridad en los consejos de administración. Unas cuotas que, en opinión de la portavoz popular, Susana Camarero, “no palia la falta de conciliación ni la carencia de guarderías”. No obstante, la abstención del PP en la votación del anteproyecto, se debe más bien al espíritu de la norma: “No creemos en la obligatoriedad de la Ley. Apoyamos los incentivos, las bonificaciones a las empresas, pero no la imposición”.

Respecto a las listas electorales paritarias (el número de mujeres y de hombres no podrán superar el 60% ni situarse por debajo del 40%), su aplicación se mantiene, hasta 2011, para aquellas poblaciones con más de 5.000 habitantes. A partir de la citada fecha, el límite se situará en los municipios de menos de 3.000 habitantes.