Una discusión más política que histórica, de Josep Maria Sòria en La Vanguardia
EL PASADO, A EXAMEN: La perspectiva de los partidos y de los especialistas
La polémica acerca de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo es un debate más político que histórico. No existe sólo una memoria, sino muchas y el valor que les conceden los historiadores es muy relativa. La memoria se encuentra en un primer estadio de la ciencia histórica, una verdad que está reescribiéndose cada día, a partir de los nuevos documentos que salen a la luz. Las memorias deben ser sometidas a la crítica de los especialistas para que tengan valor histórico.
De hecho, la cuestión de fondo que se plantea cuando se debate en España sobre la recuperación de la memoria histórica es que las víctimas de uno de los bandos, que fue el de los perdedores de la guerra civil española, han sido las grandes olvidadas. Lo fueron obviamente durante el franquismo, por la represión a la que fueron sometidas y al silencio impuesto por la dictadura, lo que no ocurrió con las víctimas de los desmanes en el bando republicano. Pero también fueron marginadas aquellas víctimas de la guerra y de la represión franquista durante la transición, porque el empeño político se puso en la consecución de las libertades.
Una vez consolidada la democracia en España y cuando se abrieron la mayoría de los archivos sobre la contienda de 1936-1939 y sobre el franquismo, se empezó a hablar de las víctimas olvidadas y hubo una corriente que denunció aquella pérdida de memoria, la amnesia en contraposición a la amnistía, por parte de los dirigentes de la transición.
Coincidió ese interés por los olvidados con los gobiernos del Partido Popular, lo que se interpretó como un intento de la izquierda de poner en dificultades a los ejecutivos de José María Aznar, creencia que de alguna manera se confirmó cuando el PSOE incluyó en su programa electoral lo que se llamó la recuperación de la memoria histórica. Tampoco el PP supo actuar de forma ágil cuando se negó a asumir repetidamente en el Congreso una condena del franquismo y el derecho al reconocimiento de las víctimas y de sus deudos. Incluso hubo una apelación al patriotismo constitucional, más cargada de buenas intenciones que efectiva, por parte de algunos sectores del centroderecha.
El debate sobre la recuperación de la memoria histórica se ha mantenido hasta ahora en el campo de batalla político entre los dos grandes partidos y se ha diversificado con la reivindicación de los socios del Gobierno de Zapatero para que la ley vaya más lejos. Para Gabriel Elorriaga, dirigente popular, "el Gobierno ha generado una polémica artificial, alejada de las preocupaciones de los españoles, que no beneficia a nadie en un claro ejemplo de cómo se generan problemas innecesarios". Para la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno "no quiere reescribir la historia. No nos toca. Son los historiadores lo que la escriben. Lo que hace el Gobierno es dar cobertura legal a los derechos vulnerados" en ambos bandos de la Guerra Civil.
Hay quien piensa que la revisión de la historia es romper el pacto de la transición. En cambio un auto de un juez de Valencia, dictado con el fin de frenar unas obras del Ayuntamiento realizadas por error en una fosa de cadáveres de republicanos, dice que "es necesario dignificar y recuperar la memoria. Hay que preservar el patrimonio histórico como de interés público relevante".
La Generalitat de Catalunya declaró el 18 de julio del 2006, setenta aniversario del estallido de la Guerra Civil, que "la recuperación de la memoria histórica es un acto de justicia y de libertad (…) la memoria de los que perdieron la vida como consecuencia de la Guerra Civil en los campos de batalla o en la retaguardia, por motivo de su ideología, sus creencias y su compromiso político".
En opinión del catedrático Francesc de Carreras, "no tiene sentido hablar de memoria histórica como patrimonio colectivo ya que ello implica que se trata el pasado como algo establecido de una vez para siempre, no como algo diverso, sometido siempre al debate crítico (…). Pero todavía es menos aceptable que la determinación de este llamado patrimonio colectivo esté al cuidado de los poderes públicos" como reza el artículo 54.1 del Estatut de Catalunya.
Para Manel Perona, de la Asociación para la Memoria Histórica, se trata de una cuestión de "valor político", mientras que Gervasio Puerta, de Ex Presos y Represaliados del Franquismo, exige "un reconocimiento documental de cada víctima, la exhumación de sus restos, su inhumación en un lugar apropiado y la inscripción en los registros civiles de la causa real de su muerte".
