El partido en el Gobierno quiere que las empresas soporten parte del peso fiscal que actualmente recae sobre los ciudadanos de a pie. Y planea, para ello, la adopción de medidas que aseguren el pago por parte de las compañías del impuesto de la Plusvalía Municipal.

Este tributo local, conocido técnicamente como Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se ha convertido ya en una de las peores noticias que reciben los propietarios en el momento de vender un inmueble. Su recaudación es notable: mil millones de euros al año. Y su gravamen puede suponer, dependiendo de la antigüedad y ubicación del inmueble, pagos de 2.000 euros al ayuntamiento correspondiente en la transacción de una vivienda.

El documento base para la elaboración de la futura reforma de la ley de haciendas locales destaca que “deben arbitrarse mecanismos que impidan que los inmuebles de las entidades jurídicas [empresas] queden, en la práctica, exentas de este impuesto”. El documento explica que las empresas en el momento de la venta de sus acciones, a efectos legales, no transmiten los inmuebles en propiedad de la compañía, sino las participaciones, es decir, “los títulos expresivos del capital social”. Este hecho supone en la práctica, sin embargo, que al no transmitirse oficialmente inmuebles no puede cobrarse la Plusvalía Municipal. El PSOE, para acabar con esta exención, plantea “considerar que lo verdaderamente transmitido es el inmueble, y no las acciones o participaciones en el capital social”.

Además, y ya de cara a todos los contribuyentes que pagan este impuesto, el PSOE plantea que se elimine la actual exención fiscal que deja libre del gravamen las ventas en el primer año de pertenencia de un inmueble. Este incentivo permite que cuando se compra un piso y se vende en menos de un año, no se pague Plusvalía Municipal. El partido en el Gobierno considera que esta ventaja fiscal debe desaparecer “ya que es precisamente en ese tipo de transacciones a corto plazo en las que se pone de manifiesto la voluntad especulativa del vendedor”.

El PSOE no oculta la razón última de estas reformas. Sabe que los ayuntamientos españoles se encuentran en una difícil situación económica. Con uno de los sistemas fiscales más anquilosados de la Administración Pública española, los entes locales están en estos momentos soportando gastos que corresponden a las comunidades autónomas, según ha admitido el Ejecutivo en sus negociaciones con los alcaldes. La Federación de Municipios (Femp) estima ya estos pagos acumulados en más de 60.000 millones de euros. Y el PSOE quiere reforzar el sistema de ingresos locales para evitar que estas dificultades presupuestarias sigan provocando la financiación de los ayuntamientos con cargo al suelo.

Y, dentro de este contexto, la revalorización del mercado de inmuebles de las empresas en los últimos años se ha convertido en una solución demasiado visible como para escapar a la necesidades de ingresos de los ayuntamientos.

El papel protagonista de España en el mercado europeo de centros comerciales, por ejemplo, está fuera de toda duda, como demuestra el incremento de la superficie bruta alquilable, superior al millón de metros cuadrados en 2005. No obstante, en este segmento se aprecian síntomas de madurez (la densidad comercial española ya supera a la media de la UE), lo que, unido a la potencial moderación del consumo y las mayores restricciones a la apertura de nuevos centros, determinará el nivel de crecimiento.

Más favorables son las perspectivas para el mercado de oficinas. En esta dirección apunta la recuperación de los volúmenes de inversión en el mercado, que se acercó a los 3.000 millones de euros durante el pasado año.

Según la consultora CB Richard Ellis, las inversiones inmobiliarias en el sector terciario alcanzarán este año 9.500 millones de euros en España, más del doble que los 4.590 millones de 2005. Sólo en los seis primeros meses de 2006, la inversión real ascendió a 3.924 millones, un 86% más que en el conjunto del año pasado. Al cierre de 2008, la superficie comercial por cada mil habitantes en España será la cuarta más alta de la Unión Europea.