La era que vivimos peligrosamente. Ésta parece ser la tarjeta de presentación que la comunidad empresarial emplea a la hora de hacer negocios desde los atentados del 11-S en EEUU.

Un reciente informe de la consultora británica Control Risk, que colabora con instituciones como el Banco Mundial, y que evalúa las distintas tensiones geoestratégicas a las que se enfrentan los directivos del sector privado internacional, refleja que “el terrorismo sigue copando la agenda de las decisiones políticas y comerciales” y que “el final [de esta contienda] no está a la vista”.

Los expertos de esta consultora de seguridad, pese a afirmar que “el mundo no se haya inmerso en una época catastrófica de terrorismo” reconocen que la proliferación de atentados –más de 11.100 en 2005 según el Departamento de Estado americano, concentrados en Asia, Oriente Próximo y, sobre todo, en Irak–, y la diseminación de Al Qaeda en células de menor dimensión y, por tanto, con mayor capacidad de maniobra, “han elevado la percepción de amenaza”.

Algo que siempre produce efectos económicos perniciosos. Por ejemplo, sobre el entramado energético –recuerda el ataque sobre instalaciones saudíes en febrero de este año–, unos riesgos que “se traducen en inestabilidad en los suministros [de crudo] de Oriente Próximo o Nigeria, decisiones caprichosas de la OPEP, nacionalismo económico en América Latina o el expansionismo estatal en Rusia”, dice el estudio. El cóctel provocado por el cierre del grifo energético, el incremento de la demanda y la inestabilidad política propició el techo histórico de los 78 dólares por barril en julio de 2006.

Pero en el abanico de vulnerabilidades, Control Risk también menciona otros desafíos de largo alcance. Entre ellos, la “urgente necesidad de tomar medidas contra el calentamiento del planeta”, cuyo aumento de temperatura podría empezar a “invadir áreas como Florida o Bangladesh” y generar, a lo largo de este siglo, “150 millones de refugiado por desplazamiento obligado de las zonas de cultivo agrícola”.

La consecuencia del efecto invernadero propiciará, además, un aumento en el número de Estados frágiles; es decir, de Gobierno con manifiesta debilidad institucional para crear riqueza y salir de la pobreza. De hecho, el Banco Mundial ha incorporado a esta lista negra a países como Nigeria, Camboya, Tímor Oriental y territorios como Gaza o Kosovo desde 2003.

Sin embargo, la amenaza empresarial no sólo se reduce a estos riesgos, sino que debe sortear otro tipo de obstáculos. Como los que provoca las distintas modalidades de criminalidad organizada. El cibercrimen, una fórmula que “atacará y hará vulnerable las infraestructuras tecnológicas” de EEUU, según sus servicios de inteligencia y cuyos tentáculos, hasta ahora, se focalizan en la mayor economía del planeta y, en menor medida, en Rusia y China. Al igual que el comercio al margen de cualquier derecho sobre propiedad intelectual, que se ha multiplicado por ocho desde el comienzo de los noventa, y ha provocado pérdidas de medio billón de dólares –entre el 5% y el 10% del valor de las mercancías mundiales– o el tráfico de seres humanos, que genera un negocio ilegal de 9.500 millones de dólares al año, en forma de corrupción y blanqueo de dinero.

A juicio de Control Risk, la mejor solución para las 70.000 multinacionales, las casi 700.000 subsidarias y los millones de firmas suministradoras son las políticas de responsabilidad social y buen gobierno corporativo. Bajo este diagnóstico, el cuadro de mando para 2007 no es precisamente alentador. El informe describe como riesgos latentes en el próximo ejercicio nuevos intentos de grupos terroristas islámicos de reanudar su actividad “con ataques con explosivos improvisados” como los que idearon en los fallidos atentados contra vuelos transoceánicos entre Reino Unido y EEUU en agosto pasado.

O mediante la adquisición de armas de destrucción masiva: biológicas, químicas, radiológicas o nucleares. Aunque también desde el agua. El terrorismo marítimo contra cargueros, buques armados o navíos de transporte de viajeros “podría materializarse” ante la creciente inseguridad en aguas internacionales. El coste que provoca la piratería a la industria pesquera ronda los 16.000 millones de dólares cada año, según la consultora, y supone una amenaza para el transporte marítimo de mercancías, que acapara más del 90% del tráfico del comercio global.

Las zonas calientes se sitúan en Indonesia, que protagoniza la tercera parte de estos incidentes; el Estrecho de Malaca, en la Península Malaya; el Cuerno Oriental Africano –en especial, la costa somalí–, Nigeria y Bangladesh. El informe advierte de la mayor peligrosidad de sus abordajes, con demandas por secuestro de flotas superiores a los 700.000 dólares y empleo de armas automáticas y lanzagranadas. En este sentido, el diagnóstico apela a esfuerzos conjuntos de los gobiernos para perseguir estos actos y compartir la vigilancia costera.

El estudio tampoco descarta catástrofes naturales, por el “severo impacto” de la economía global que, en 2005, contabilizó 360 desastres, con un coste material de 159.000 millones de dólares, 125.000 sólo por el Huracán Katrina, en Nueva Orleans. Ni una pandemia, con Asia como foco de origen, que “obliga a las firmas a conservar sus planes de contingencia”.