España, entre los países con más obstáculos para abrir empresas, de Manuel Llamas en Expansión
Abrir un negocio en España resulta complicado y difícil. Los emprendedores han de enfrentarse a una compleja estructura administrativa, laboral y fiscal para poner en funcionamiento un nuevo negocio.
De hecho, la economía española ocupa el puesto 102 –de un total de 175 países– en cuanto a facilidades a la hora de comenzar una actividad empresarial, según un informe elaborado por el Banco Mundial. Empeora así su situación con respecto al pasado año, en donde alcanzó la posición 94. En países mucho menos desarrollados como Zambia (en el puesto 67), Namibia (86), Perú (92), Botswana (93) e, incluso, Etiopía (95) resulta más sencillo convertirse en empresario que en España, novena potencia económica a nivel mundial.
Un emprendedor tiene que cumplir de media hasta diez trámites administrativos e invertir cerca de 47 días antes de poder iniciar legalmente su labor profesional. Y es que España ocupa el antepenúltimo puesto en el contexto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) –entre 23 países de altos ingresos–, cuya media se sitúa en 6,2 procedimientos y un coste de 16,6 días, respectivamente. Además, la apertura de un negocio conlleva un gasto económico considerable: el 16,2% de los ingresos per capita, mientras que en la OCDE tal porcentaje es del 5,3%, según indica el informe.
Canadá lidera el ránking de menos trabas a nivel global, seguido de Australia, Nueva Zelanda y EEUU. Tan sólo dos países de la UE-15 –Irlanda (en el número 6) y Reino Unido (9)– se sitúan entre los puestos de cabeza en lo que respecta a la facilidad para abrir un negocio. El estudio señala que para registrar una compañía de hasta cincuenta empleados en Irlanda, es precio realizar cuatro procedimientos, con un tiempo medio de 19 días y un coste del o,3% del ingreso per capita medio del país.
En España, sin embargo, la situación es muy distinta: la existencia de una mayor tramitación administrativa retrasa el tiempo necesario para constituir una empresa, siendo la obtención de la licencia municipal de apertura el procedimiento más largo –un promedio de 35 días–, al tiempo que eleva los costes hasta los 4.114 dólares de media.
De este modo, la regulación española sobre este ámbito obtiene una calificación similar a la de países como Belice (103), Kuwait (104) o Kenia (111), en cuanto al número de trámites a realizar y tiempo necesario para fundar un negocio. Tal situación ha sido denunciada recientemente por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf). “Nuestro entramado legal es demasiado complicado, y no sólo desde el punto de vista tributario, sino que además nos encontramos con Administraciones a nivel estatal, autonómico y local legislando a la vez”, advierte en su informe.
De hecho, todo hace pensar que “las diferentes Administraciones parecen tirar la toalla en su intención de simplificar los trámites administrativos”, añaden. Este órgano, perteneciente al Consejo General de Colegios de Economistas, observa que existe una tendencia por parte de la Administración a crear nuevas figuras tributarias. Las próximas reformas legislativas sobre financiación de las CCAA y la próxima Ley de Haciendas Locales podrían generar nuevos tributos, lo cual derivaría en “un incremento de la presión fiscal, directa e indirecta, para los empresarios y profesionales”.
La diversidad y complejidad de las normas genera “falta de transparencia y confusión” entre los empresarios, además de una “desventaja competitiva” con respecto a otros países. Por ello, los economistas abogan por simplificar la legislación y agilizar los trámites a la hora de poner en funcionamiento un negocio, tal y como ya está planteando la Comisión Europea (CE), ya que en los próximos años prevé simplificar 1.400 leyes vigentes para favorecer a la pyme.
En España, el 18,9% del empleo está constituido por trabajadores autónomos –en la UE esta cifra se sitúa en el 16%–, y el 56,2% de las empresas están a nombre de un empresario individual. Mientras, en la mayoría de las economías de la OCDE, las pymes o microempresas representan entre el 96% y el 99% del número total de compañías existentes. En la UE, éstas se reducen al 91%. Así, el emprendedor es clave para el desarrollo económico de un país. Sin embargo, la “cascada” normativa presente en el entramado legal español –106 normas fiscales de ámbito estatal en 2005– dificulta la iniciativa empresarial.
