El Ejecutivo se ha encontrado con un nuevo obstáculo en el camino emprendido hace dos años para reformar la normativa sobre los usos del suelo. Tras lograr el apoyo de IU-ICV y ERC para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y CiU al proyecto de ley, ahora es el turno de la negociación de las enmiendas parciales, instrumentos que pretenden utilizar los socios del Gobierno para restringir aun más el texto legislativo, en lo referente al mercado de compra venta de terrenos y los procesos urbanísticos.

Uno de los caballos de batalla de esta ronda de contactos es la garantía de que los nuevos proyectos tengan el acceso asegurado a los suministros básicos (energéticos e hídricos), de forma que no se pueda acometer obra alguna hasta que exista plena seguridad de que los nuevos pisos no generarán un impacto ambiental negativo y que no presionarán sobre los recursos de agua de los municipios donde se construyan.

En la actualidad, los informes que emiten las Confederaciones Hidrográficas cuando los ayuntamientos presentan sus planeamientos urbanísticos son prescriptivos y no vinculantes. En la práctica esto supone que algunos consistorios permiten a las promotoras y constructoras iniciar los trabajos de edificación, aunque no dispongan de la autorización de la administración hídrica competente.

Pero ésta no es la única petición de los grupos políticos afines al Gobierno. Ya que las enmiendas parciales presentadas van más allá de las pretensiones del proyecto de ley en lo que respecta al recorte de autonomía de los alcaldes, las cesiones obligatorias, la valoración de los terrenos, la gestión de los patrimonios públicos de suelo y las causas “tipo” para la expropiación.

Entre las peticiones de IU-ICV destaca aquella que reclama que “los suelos objeto de actuaciones de nueva urbanización declaradas ilegales se mantendrán en la situación de suelo rural” y estarán destinados al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético “o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales”.

Otra de las enmiendas parciales establece el aumento del porcentaje mínimo de cesión obligatoria de terrenos por parte de promotores y constructores a los ayuntamientos, elevándolo hasta el 10%, frente al 5% del actual proyecto de ley.

En cuanto a las medidas para frenar la discrecionalidad de los municipios, IU-ICV quiere que los ayuntamientos tengan un plazo máximo de un mes para corregir los posibles incumplimientos de la ley, previo aviso del Gobierno autonómico en el que se encuentre el municipio. Si persistiera el incumplimiento, la enmienda abre la puerta a la suspensión de las competencias urbanísticas para que la comunidad garantice el respeto a la normativa.

En materia de vivienda protegida, los socios del Gobierno quieren que el porcentaje de reserva mínima se sitúe en el 30%, frente al 25% en la redacción actual, si bien se permitiría una reserva inferior para determinados ayuntamientos. En estos casos, se deberá garantizar en el plan urbanístico del territorio el cumplimiento íntegro de la reserva, de forma que las exenciones se compensen en el conjunto de la región.

Según ha confirmado el propio Ministerio de Vivienda, el apoyo de IU-ICV y ERC es clave para sacar adelante la reforma. Fuentes de estas dos formaciones manifestaron a este periódico su voluntad negociadora y confiaron en lograr un acuerdo que permita la aprobación del proyecto de ley “en los próximos meses”.