Hace algunas semanas, en un corto pero memorable artículo (Problema n.o 1. El País, 9 de septiembre 2006), Manuel Rivas lamentaba, en relación con la inmigración, que se haya instalado “la peor asociación posible en nuestro campo verbal: inmigración igual a problema”.

“Tenemos, sí, un problema”, indicaba Rivas, “el problema de que esté calando la idea de que la inmigración es un problema para España. Y lo más preocupante: que el Gobierno acabe amoldándose a ese discurso y que en la derecha se imponga la escuela de Le Pen. Síntomas hay de que se está cociendo ese plato indigesto”.

No resulta fácil creer que, a estas alturas, el Gobierno participe de tan ingrata tarea culinaria, pero que la inmigración ha pasado a ocupar un lugar de preferencia entre las preocupaciones de los españoles es algo sobre lo que coinciden casi todas las encuestas de opinión realizadas durante los últimos meses. Y, sin embargo, casi nadie desconoce que nuestra economía (como ya ocurriera antes en la mayor parte de las economías occidentales) hace tiempo que alcanzó ese emblemático umbral caracterizado por la imposibilidad de prescindir del concurso de la población inmigrante.

No sólo sabemos que necesitamos a la inmensa mayoría de los inmigrantes que tenemos –ésos que nos acompañan porque quieren trabajar y saben que hoy, en España, hay demanda de trabajo no cubierta– sino que intuimos de manera fundada que en el futuro seguiremos necesitándolos mientras deseemos mantener una senda de crecimiento capaz de sostener los niveles de bienestar alcanzados a lo largo del último cuarto de siglo.

España, un país emigrante

Desde el inicio del siglo XVI hasta hace apenas tres décadas, España ha sido un país emigrante. Tampoco en esto fuimos tan diferentes del resto de Europa. Sabemos también, y para ello la estadística sólo sirve como refuerzo de la memoria que, entre 1960 y 1973, alrededor de 1,5 millones de españoles emigraron a Europa (sin contar los emigrantes de temporada). Desde que a partir de mediados de los años setenta cambiara el signo de nuestro flujo migratorio, las diferencias entre lo ocurrido en España y en Europa hay que buscarlas, al menos, en dos ámbitos esenciales.

El primero de ellos reside en las características especialmente intensas y aceleradas con que el fenómeno de la inmigración se manifiesta en nuestro país. Y el segundo podría describirse de forma resumida por la existencia en España de un marco institucional, definido por la legislación vigente hasta 2004, absolutamente incapaz de permitir un flujo de entrada de inmigrantes regulares en nuestro mercado de trabajo.

Entre 1991 y finales de 2004, el porcentaje de extranjeros en España ha pasado del 0,9% al 8,5% sobre el total de la población residente. En este contexto, la mejor prueba de que el modelo de regulación de los flujos ordinarios de entrada configurado durante los años ochenta y noventa no funcionaba reside en las cifras de inmigrantes irregulares estimadas al final de 2004: alrededor de 1.300.000 inmigrantes ilegales extracomunitarios sin autorización administrativa.

Pero, además, los impulsores de la nueva cruzada apostólica antirregularización desatada en España durante los últimos meses deberían recordar que esas cifras de irregulares existían en España en 2004 a pesar de haber instrumentado cinco procesos de regularización extraordinaria entre 1996 y 2001 (que abarcaron a casi 500.000 extranjeros irregulares), además de los dos abordados en 1986 y 1991 (que regularizaron la situación de alrededor de 150.000 emigrantes).

Dicho de otra forma: de los 2.500.000 personas en que había crecido el número de inmigrantes extracomunitarios residentes en España entre 1998 y 2004, cerca de 2.200.000, eran irregulares o habían sido regularizados tanto en procesos extraordinarios como a través del peculiar uso del contingente.

Ésta era la situación existente cuando en 2004 se abordan por el Gobierno socialista las reformas en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Reformas que, conviene subrayarlo, fueron acordadas por el Gobierno, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en el marco del Diálogo Social abierto aquel año.

No es casualidad que los cambios más importantes en el diseño normativo de 2004 se produzcan en la configuración del régimen general de entrada. El reto era conformar un sistema ordinario que permitiera atender ordenadamente las necesidades de mano de obra de nuestro aparato productivo. Por eso, el cambio más importante se basa en la creación de un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, ordenado sectorialmente y a nivel provincial, con base en la evaluación global de los mercados de trabajo provinciales.

Sobre la oportunidad en el diseño de este nuevo instrumento conviene señalar que, hace muy poco tiempo, las autoridades francesas (que parecen haber descubierto ahora que en España se legaliza la situación de los inmigrantes que estaban trabajando en la economía sumergida) han introducido, en la reciente Ley de Extranjería, la posibilidad de contratar extranjeros para sectores en tensión (en los que existe insuficiencia de mano de obra). Un sistema, como se ve, que imita el catálogo español.

Se abrió también un proceso de regularización extraordinaria dirigido a normalizar la situación de los extranjeros residentes irregulares basado en la existencia de un contrato laboral con una duración mínima de seis meses (salvo en el sector agrario, en el que el periodo se reduce a tres meses) y la consiguiente obligación de alta del trabajador en la Seguridad Social.

A pesar de los pronósticos pesimistas respecto del cumplimiento efectivo de los requisitos para la regularización (algunos decían que los contratos laborales serían virtuales), lo cierto es que más de 460.000 personas (el 85% de los que se regularizaron) permanecían cotizando a la Seguridad Social un año después de concedida la autorización para trabajar.

Por todo esto, si hemos de extraer alguna conclusión de este breve recorrido descriptivo, habría que insistir en que, ahora, por fin contamos con una regulación legal capaz de permitir la vinculación de los flujos de entrada de inmigrantes a nuestra capacidad de acogida derivada de las necesidades del mercado de trabajo. En lugar de volver a plantear nuevos cambios legales, lo que resulta esencial es mantener una imagen sólida de estabilidad normativa en la política de inmigración.

Existen muchas tareas irresueltas, sí, pero ninguna de ellas exige modificaciones sustanciales en nuestra legislación. En particular, la mejora y agilización de los procesos de tramitación de los permisos de trabajo, todavía demasiado largos, y el impulso de la actuación de la Inspección de Trabajo en la lucha contra el empleo irregular son asuntos esenciales entre las asignaturas pendientes.

Cambiar el servicio exterior

Pero, sobre todo, el principal reto consiste en desarrollar las capacidades y los medios de un servicio exterior todavía aquejado de las inercias derivadas de nuestra histórica tradición de país emigrante, cuando nuestra realidad actual es ya, por fortuna, la de un país hacia el que se emigra (la experiencia de planificación de la inmigración en Alemania procedente de España y otros países mediterráneos durante los años sesenta del pasado siglo puede ser ilustrativa a este respecto).

Extramuros de la política laboral se plantean también retos y problemas de no menor calado. En la educación, en la vivienda, en las políticas de integración social residen también las prioridades del futuro. Éstos son nuestros problemas en España y en Europa. Pero, como decía Manuel Rivas, “que nadie quisiera emigrar a España. Que éste dejara de ser un país de deseo. Eso sí que sería un problema. El número uno”.

Valeriano Gómez Sánchez y José Ignacio Pérez Infante. Economistas. Secretario general de Empleo y profesor asociado de la Universidad Carlos III, respectivamente.