La Generalitat aprueba la ley que universaliza los servicios sociales, de Josep Playá Maset en La Vanguardia
CIUDADANOS
Un año después, vuelta a empezar. El Consell Executiu de la Generalitat aprobó ayer un proyecto de ley de Serveis Socials, que es el mismo que ya se aprobó el 17 de enero pasado. La razón es que cuando el proyecto se encontraba en el trámite parlamentario topó con la disolución de la Cámara y decayó. Pero tal como ya había manifestado el presidente de la Generalitat, José Montilla, se trata de uno de los proyectos "estrella" del Govern y de ahí que vuelva a estar sobre la mesa con la máxima prioridad.
La nueva ley garantiza a todos los ciudadanos el acceso a un centenar de prestaciones con independencia de su renta. En los dos primeros años pretende beneficiar a medio millón de personas más con una aportación suplementaria de 400 millones de euros y convertirse en el "cuarto pilar del Estado de bienestar" - junto a la educación, la sanidad y las pensiones-, una expresión utilizada también por el Gobierno central al aprobar la pasada semana en el Congreso la ley de Dependencia.
Esta normativa, que había sido elaborada por el equipo de la consellera Anna Simó (ERC), topó en el Parlament con una enmienda a la totalidad de CiU que fue derrotada. Tanto entonces como ahora, desde CiU se considera que la ley nace sin consenso y sin definir la cartera de Servicios Sociales, lo que la convierte en una declaración de intenciones. Según esta coalición, la reciente ley de la Dependencia invade competencias de la Generalitat.
NIVEL DE RENTA.
Hasta ahora, cuando se analizaba la renta de un usuario con vista al acceso a un servicio residencial o de atención a domicilio se valoraba no sólo la renta del propio beneficiario, sino también la de sus hijos. La nueva ley sólo evalúa los ingresos del usuario.
MÁS PLAZAS DE TERCERA EDAD.
Dentro del proceso gradual de universalización de servicios, se procederá a su incremento, especialmente para las personas mayores que sufren una dependencia. Entre el 2007 y el 2015 las personas con atención domiciliaria pasarán de 47.880 a 56.701, las que contarán con servicios de teleasistencia pasarán de 19.766 a 28.067; las plazas de residencias de 25.170 a 31.384, y las plazas en centros de día, de 4.179 a 10.456. Las plazas para personas con discapacidades crecerán en 10.000, y las de enfermos mentales, en otras mil.
CUIDADOR PERSONAL.
Se prevé que las personas con una grave situación de dependencia física puedan elegir entre seguir viviendo en su casa con la ayuda de un profesional a domicilio, vivir en una residencia o disponer de un asistente personal que le facilite la organización de su vida. Se calcula que un 30% de los discapacitados de 18 a 64 años podrá disponer de asistencia personal. Los menores de 0 a 6 años que necesiten una atención precoz tendrán también derecho a recibir este servicio de manera gratuita y cerca de su domicilio.
COPAGO.
Los servicios que se consideren básicos serán gratuitos y los especializados, como la atención residencial o los centros de día, funcionarán con un régimen de copago que se establecerá en función de cada renta.
CREACIÓN DE EMPLEO.
Un informe del anterior departament estimaba en 53.000 el número de nuevos puestos de trabajo antes del año 2015 como consecuencia de la aplicación de la ley: 2.769 técnicos superiores (psicólogos, médicos, sociólogos...), 9.173 técnicos medios (trabajadores sociales, educadores, enfermeros, informáticos) y 40.961 auxiliares técnicos (trabajadores familiares, asistentes, etcétera). La ley fija tres diplomados en trabajo social y dos en educación social por cada área básica de 15.000 habitantes.
