Este Gobierno tiene tobillos de cristal. A la menor tarascada, se quiebra y acaba de rodillas. Sólo así se puede explicar que después de varios meses preparando un proyecto de retribución a las eléctricas para garantizar el suministro de energía y corregir los graves desequilibrios que tiene el sector, haya llegado la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y en un alarde de frivolidad sin precedentes –autorizada por el presidente– haya decidido que en este país la luz no sube por decreto.

Hay que decir que, el pasado lunes, ni Pedro Solbes ni Joan Clos eran tipos felices y eso dice mucho en su descargo. Ambos sabían que, con las cifras en la mano, el suministro de energía eléctrica con unos mínimos parámetros de calidad no se sostiene. Y seguramente, si tienen un mínimo sentido de Estado, estaban lamentando que algunos de los compañeros de Gabinete no hubiesen aguantado ni veinticuatro horas la ola de demagogia que se alza cada vez que el Gobierno tiene que revisar las tarifas eléctricas.

La actual retribución al sector eléctrico está generando un déficit de tarifa –diferencia entre lo que están ingresando realmente y los costes que supone dar el suministro– de cuatro mil millones de euros anuales a las compañías, que éstas no los están cobrando, pero que, sin embargo, se los apuntan en los balances porque la ley les avala para hacerlo. Esto, entre otras cosas, es lo que les permite retribuir a sus accionistas y presentar esos beneficios que sólo los que los miran desde la distancia tildan de escandalosos.

La gran falacia

Por decirlo de alguna manera, las eléctricas, actualmente, están financiando la parte de la electricidad que supuestamente ahora el consumidor no les puede pagar. Ésta es la gran falacia sobre la que se asienta todo: la falacia del desprotegido y pobre consumidor ante las todopoderosas compañías eléctricas.

Hay dos formas de proteger al consumidor. La primera es ofrecerle alternativas fomentando la competencia para que tenga capacidad de elegir. La segunda es ofrecer una regulación lo más objetiva posible. El problema en el sector eléctrico es que el regulador se ha ocupado de abortar cualquier posibilidad de que naciera la competencia al fijar unas tarifas contra las que ninguna compañía puede luchar.

El consumidor, como votante que es, ejerce en ese caso una fuerte influencia sobre los políticos que tienen la última palabra a la hora de fijar la retribución de las empresas. Incluso la oposición del PP, que por el simple hecho de serlo tiene mayores dosis de irresponsabilidad, pide que sea el Congreso el que vote para limitar las subidas del recibo de la luz. Es decir, más intervención y menos competencia. No parece ésta la propuesta de un partido que dice creer en el mercado.

Al consumidor no le importa nada que la luz haya estado bajando en términos reales durante una década –alrededor de un 40%–, al mismo tiempo que el precio del petróleo se multiplicaba por seis o que la caña de cerveza que se toma antes de irse a comer se haya triplicado desde entonces. Ese sufrido consumidor ha seguido incrementando durante todos estos años su poder de compra, como lo pone de manifiesto el hecho de que el consumo interno no haya parado de crecer.

En todos estos años, los españoles han ido convergiendo en bienestar con el resto de Europa hasta el punto de haber ganado desde 1995 once puntos en términos de Producto Interior Bruto a la media de la Unión. Y la mejora de bienestar ha venido acompañada también por un incremento del consumo energético muy superior al que experimentaba la economía nacional.

¿Por qué consumimos o derrochamos tanta energía? Simple y llanamente porque no hay ningún incentivo al ahorro por la vía del precio, que es la única eficaz. Cada hogar medio paga al día alrededor de un euro por la electricidad que consume, que permite, entre otras cosas, tener agua caliente, ver la televisión, poner la lavadora… Un servicio esencial por un euro, un precio que se encuentra en la banda baja europea. Una subida del 10% es equivalente en un mes al consumo de dos cafés.

Si hay algún momento propicio para que los españoles paguen por la energía, lo que vale es éste en el que la economía vive un momento de bonanza. Si el Gobierno, por cobardía política, no toma el camino correcto, estará incurriendo en varios errores: estará subvencionando con cargo a la energía eléctrica otros consumos menos indispensables para los hogares españoles. Estará subvencionando el derroche energético de hoy con cargo a los consumidores de mañana, y estará subvencionando a los consumidores con cargo a los inversores.

No parece que este escenario sea justo ni deseable en un sector que precisa el equilibrio y el rigor jurídico para afrontar las fuertes inversiones necesarias que permiten garantizar un servicio esencial para seguir creciendo. Si el Gobierno no rectifica, estamos condenados al apagón.

Iñaki Garay. Director de Redacción de EXPANSIÓN.