¿Nuevos tiempos para los mayores? El aumento de la esperanza de vida hace que la llamada tercera edad se haya convertido en cuarta edad (el período ha aumentado entre 8 y 10 años).

Según un artículo publicado en 2004 en la prestigiosa The Lancet, entre uno y tres millones de ancianos estadounidenses sufren alguna forma de abuso por parte de la gente de la que dependen para su cuidado. La situación podría reproducirse en España, por eso, y tras diversos tira y afloja, el PP llegó a un acuerdo con el PSOE sobre la creación de un sistema público de dependencia y de la denominada ‘Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia’ (CiU, PNV y EA se opusieron).

La norma recoge las líneas maestras de actuación, y regulará un derecho social vigente en otros países europeos desde hace décadas. El promotor de la misma, el ministro Jesús Caldera –que la vende como su ley estrella–; la impulsora ejecutiva, la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce (inspectora de educación leonesa y amiga personal del presidente Zapatero), y el tejedor, Ángel Rodríguez Castedo (director general del Imserso).

Entrará en vigor el 1 de enero de 2007, pero el engranaje será más lento al tener que constituirse –a causa del sistema autonómico– un Consejo Territorial (formado por el Gobierno y las 17 comunidades). Los beneficiarios (los pacientes dependientes) superan el millón, exactamente 1.125.190, según el Libro Blanco de la Dependencia.

El 80% de los dependientes son personas de más de 65 años. Se considera dependiente a aquella persona que necesita ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria como, por ejemplo, levantarse de la cama o comer (se fijarán grados de dependencia). El sector sanitario ha sido muy crítico con la ley Valcarce, por entender que no se pueden separar aspectos clínicos de aspectos de dependencia o envejecimiento.

Aportaciones compartidas

El proyecto nace con una ridícula cifra de 400 millones de euros. La Administración General aportará 12.638 millones de euros (hasta 2015), las CCAA deberán completar el resto hasta 26.000 millones y los usuarios también tendrán que rascarse el bolsillo. El traslado a las CCAA de parte de ese pago ha sido el injusto pulso de CiU y PNV que, nuevamente, querían sacar partido y arañar la caja común de los españoles.

Caldera y Valcarce tienen que despejar cuanto antes importantes dudas que quedan en el aire: el baremo para clasificar los grados de dependencia, cuantía de las prestaciones, cómo se financiará el complejo sistema de dependencia, y proporción del coste que tendrán que sufragar los dependientes (copago). Las esperanzas que ha generado el PSOE con dicha ley son altas pero, ojo al efecto bumerán de la ley Valcarce si no se cumplen las expectativas.

El pasado 3 de diciembre fue el Día Mundial contra la Discapacidad. Envejecimiento, Dependencia y Discapacidad van unidos. Robert N. Butler ganó un Premio Pulitzer con su tratado ¿Por qué sobrevivir?, quizás ahora combatir el ageism (discriminación a jubilados y mayores) sea el siguiente paso.