Aunque se ha especulado mucho sobre si las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se deben a la existencia de un remolino en el océano que se traga a navíos o aviones que pasan por encima, otras explicaciones apuntan a los secuestros por parte de piratas y a meros errores humanos.

Desde el año pasado, el sector eléctrico español se parece cada vez más al famoso Triángulo porque ya se ha engullido más de seis mil millones de déficit, y con ellos a los comercializadores y a buena parte de la liberalización. Ahora, se espera una nueva desaparición que, al igual que las anteriores, no se debe a ningún fenómeno paranormal.

Según el Gobierno, los productores han incorporado en el precio de la electricidad del mercado mayorista el valor de los derechos de emisión de CO2 que el Gobierno les concedió gratuitamente para el período 2005-2007. Ahora, el Ministerio de Industria quiere que estos productores no sólo no devuelvan la totalidad del valor de dichos derechos a su valor de mercado, sino que los distribuidores sean los únicos receptores de estos fondos.

Por una parte, la propuesta condona la devolución del valor de los derechos gratuitos de CO2 a aquella energía vendida en 2006 a través de contratos bilaterales previos a los Reales Decretos-Ley de marzo de 2006. Sin embargo, la obligación de devolución impuesta a los productores es independiente de cómo se negocie la energía eléctrica (a través del pool eléctrico o mediante contratos bilaterales) ya que en ambos casos el precio se ha visto inflado por el valor de dichos derechos. Además, el impacto medioambiental subyacente no entiende de modalidades contractuales.

Por la otra, el Ministerio establece que las cantidades que deben devolver los productores se destinarán a las actividades reguladas de los distribuidores y, por lo tanto, a paliar el déficit de tarifa. Sin embargo, esta solución, claramente oportunista, peca de inapropiada porque no sólo los distribuidores han pagado un precio de la electricidad aumentado por el valor de los derechos de CO2 durante 2006, sino también los comercializadores. Es por ello que a ambos les corresponde percibir las cantidades a devolver por los productores, ya que precisamente se trata de un coste de mercado no regulado.

Sin embargo, el Ministerio debe haber pensado que después de los 6.200 millones de euros de déficit acumulado en los últimos veintitrés meses y del estrangulamiento que ello supone para la liberalización, ya no debe quedar ningún comercializador vivo y, por ello, se les puede excluir de la lista de receptores de dichos importes.

Discriminación

Esto, en términos de competencia, constituye claramente una acción discriminatoria a favor de los distribuidores y rompe con el principio de proporcionalidad que debe regir estas reglas. Los comercializadores no sólo han soportado también unos mayores costes de adquisición de la energía debido a que los precios de la electricidad han estado inflados por el valor de los derechos de CO2, sino que, como los distribuidores, han suministrado energía a sus clientes a precios iguales o inferiores a los de las tarifas básicas. Por lo tanto, y en función de la demanda que han suministrado, los comercializadores tienen el derecho a percibir su parte de la devolución del valor de los derechos que el Gobierno va a exigir a los productores.

El nuevo ministro de Industria ha anunciado recientemente algunas actuaciones e iniciativas que podrían sacar la nave eléctrica de la influencia de su particular triángulo del misterio. Aquí tiene una más que añadir a la lista para confirmar si tiene un compromiso sincero con la transparencia, la objetividad y la competencia en el sector.

Alfredo Huertas. Director de Regulación de Centrica Energía.