SI ZAPATERO quiere perder las elecciones, lo tiene tirado. No necesita fracasar con ETA. No requiere que el Constitucional eche abajo el Estatuto de Cataluña. No es preciso que el PP lo haga mejor. Es mucho más fácil: lo puede conseguir con un decreto. Accede a las peticiones de las eléctricas, sube el recibo de la luz cada tres o seis meses, y asunto resuelto: a la oposición. No hay por qué hacer más méritos. Un país asustado por el precio de las hipotecas sólo requiere eso: que el Gobierno le haga la vida más difícil y aumente su miedo y su cabreo con el recibo de la luz.

Algo así debieron de pensar en la Moncloa, porque, a las pocas horas de que el Ministerio de Industria anunciara una subida media del 10% -del 15 en el caso de las empresas-, el portavoz Fernando Moraleda matizó que las tarifas subirán como la inflación. Lección política primera del anuncio y la matización: a ver si de una puñetera vez el Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo. Según se desprende de la cadencia de los hechos, los ministerios -y en este caso el de Industria- funcionan por su cuenta, sin encomendarse a nadie, sin consultar a nadie, y poniendo en cuestión la credibilidad de sus acciones. Treinta meses después de acceder al Gobierno, siguen cometiendo errores de novatos.

¿Hay razones técnicas para decretar la subida más importante de los últimos 20 años? Seguramente. Las compañías arrastran un déficit de tarifas histórico. No han repercutido el precio del petróleo. La sequía aumentó los costes de producción. Han reducido sus ingresos con la política de Aznar, de bajar los precios con tal de ganar el voto del usuario. Y además, quieren aumentar los beneficios, porque hay nuevos accionistas acostumbrados a ganar mucho dinero, un dinero escandaloso, en otras actividades, y quieren recuperar pronto sus inversiones. Vayan ustedes a saber si les han prometido ese incremento de tarifas.

Pero todo eso no lo entiende la gente. Lo único que entiende es que un Gobierno bajaba los precios, y otro los sube. Lo único que ha visto es un beneficio empresarial fabuloso, una orgía de compras y opas y, últimamente, una euforia inversora propia de compañías que nadan en la abundancia. Y en ese clima, el Partido Popular echa una mano: «Es un escándalo», dijo Martínez Pujalte; «nuestra política económica permitía bajar el precio; la de Zapatero obliga a subirlo». Es una simplificación indecorosa; pero es la simplificación que entiende el personal. No me extraña que la Moncloa se vea obligada a rectificar. Pero ahora, además, nos debe aclarar cuáles son sus proyectos reales. Y, si desautoriza al ministro de Industria, yo soy el primero en pedir su dimisión.