El impulso a las políticas de I+D+i del Gobierno no será suficiente para sacar a España del grupo de países “menos innovadores de Europa”.

Los esfuerzos en este campo contenidos en el Plan Nacional de Reformas (PNR) –el paquete impulsado por Miguel Sebastián desde la Oficina Económica del Presidente antes de saltar a la candidatura del Ayuntamiento de Madrid– no acaban de convencer al Banco de España. La entidad que ahora dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez –hasta hace meses en el equipo de Gobierno como secretario de Estado de Hacienda– concluye que “el PNR debería incidir, no tanto en las políticas específicas para la innovación, sino más bien en el marco general en el que ésta se desarrolla”, apunta en el informe Una valoración a las políticas de innovación europeas, contenido en su último boletín económico.

Para lanzar su crítica, la entidad elabora una batería de ránkings en la que España sale como uno de los países peor parados de la Europa de los Quince: queda en la décimo tercera posición en cuanto a esfuerzo innovador, medido en porcentaje del PIB destinado a I+D+i, donde registra un exiguo 0,91%, a mucha distancia del 3,65% que dedica Suecia, líder de la clasificación.

Tampoco en 2010 –horizonte que establece el PNR para cumplir la Agenda de Lisboa–, España logrará mejorar posiciones.

Moncloa confía en que la inversión en I+D+i ascienda al 2% del PIB en 2010... pero en ese año también el resto de países seguirán progresando. Alemania, Dinamarca o Francia, por ejemplo, pasarán de los porcentajes ya superiores al 2% a otros cercanos al 3%.

¿Dónde está el problema? “La economía española es una de las más rezagadas en lo que hace referencia a la formación continua de sus trabajadores, a la regulación de los mercados de productos y a la disponibilidad de capital semilla”, advierte Fernández Ordóñez.

El marco regulatorio es el principal lastre del sistema actual, según Mafo, que alerta también de las “claras deficiencias en términos de disponibilidad de recursos humanos”, algo que también sucede en Italia, Portugal y Grecia, que acompañan a España en el grupo de “países menos innovadores”.

Resulta interesante constatar que este grupo se caracteriza por ofrecer niveles de ayudas públicas a la innovación muy elevados. “El hecho de que estos incentivos no cumplan con su objetivo de estimular el gasto en I+D es compatible con la posibilidad de que estos instrumentos no sean de por sí eficaces en ausencia de una contribución positiva de otras fuerzas motrices de la innovación”, explica. No descarta, sin embargo, que esa paradoja se deba a que “el diseño de esta forma de intervención pública no sea el más eficiente posible”.

Pero el problema no se soluciona sólo buscando culpables. La eficacia de las ayudas públicas parece dudosa, por lo que el Banco sugiere que, para que tenga éxito, haría falta “potenciar el nivel de capital humano o de mecanismos de financiación”.

Va incluso más allá. Mafo propone en el informe –fechado en noviembre, ya con la reforma fiscal completa y en cuya elaboración él mismo participó como secretario de Estado de Hacienda– “medidas para simplificar” un sistema de incentivos muy generosos “sobre el papel”.

La crítica del Banco de España no llega en el mejor momento para el equipo económico de Rodríguez Zapatero, a punto de poner en marcha la reforma de Sociedades que transforma la deducción por inversión en I+D+i.

En concreto, en vez de los incentivos, crea la alternativa de que las empresas puedan deducirse un 40% en las cuotas a la Seguridad Social del personal investigador a partir de 2012, punto, sin embargo, en el que no es tan crítico el Banco de España, que sí reconoce que “las proporciones de científicos y doctores, aun siendo reducidas, superan” a las del resto de países de los grupos que están a la cola del ránking.