Un mendigo de una novela de Benito Pérez Galdós, al ver entrar en la iglesia a un rico y encopetado aristócrata, exclama espontáneamente: «Qué bien vivimos en España». Una identidad que se reconoce aquí en el otro, superior y más fuerte. Más recientemente, y con diferente sentido, el anterior jefe de Gobierno, José María Aznar López, solía repetir con orgullo aquello de «España va bien». Y su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, para no ser menos, ha alardeado de que «la economía española va más que bien». Son dos ejemplos, entre muchos, en los que una realidad social compleja y diversa se supedita a las favorables estadísticas macroeconómicas, obviando el concreto mundo de los humanos de carne y hueso.

Y olvidándose, asimismo, de las clases, los grupos, las familias, los individuos, con sus expectativas, sus proyectos, sus necesidades, sus carencias, sus miserias.

De su pobreza, a veces desesperada, extrema, crónica. Una pobreza absoluta que «puede ser peor que la muerte». Y, sobre todo, no parece ser políticamente correcto admitir las enormes desigualdades que existen en una sociedad llamada del bienestar y la abundancia.

Pues bien, en dos informes coincidentes en muchos aspectos, uno de Cáritas y Foessa y el otro del Instituto Nacional de Estadística (INE), se viene a reconocer que no se corresponde el crecimiento de la economía española de los últimos años, uno de los más altos de Europa, y la distribución social de esa riqueza nacional generada. De ningún modo se cumple aquel principio tan repetido de que primero hay que crear riqueza para después repartirla equitativamente. Como si se partiese de una sociedad homogénea e igualitaria. Una falacia que se comprueba ahora: ese reparto no favorece precisamente a los más necesitados.

En el informe de Foessa-Cáritas se alerta del alto porcentaje de pobreza relativa en nuestro país. (En la Unión Europea se considera que padecen pobreza relativa las familias y las personas situadas económicamente por debajo del umbral del 50% de la renta media disponible en el conjunto de un Estado).

En España esa pobreza relativa afecta a más de ocho millones de personas, el 19,4 por ciento de las familias, superior a la media europea, que representa un 15 por ciento.

Asimismo, se presenta como «desgarradora» la situación de los que sufren pobreza extrema. De ellos, sólo el 1 por ciento trabaja de una forma normalizada. En definitiva, la población más pobre soporta la inmensa mayoría de los males, carencias, problemas y lacras sociales existentes en España, tales como el paro, el analfabetismo, las toxicomanías, la delincuencia y la marginalidad en general. Si es cierto que la riqueza está mal repartida, se puede afirmar que los problemas lo están peor: los pobres cargan con la mayor parte de los males.

En el estudio del INE se dice que son los mayores de 65 años y los menores de 16 los grupos de población más expuestos a caer en la pobreza, y que ésta se ceba más en las mujeres que en los hombres. Y es más urbana que rural. Territorialmente, la pobreza es «baja», por ejemplo, en Navarra, el País Vasco y La Rioja. En Asturias la extensión de la pobreza es media-baja, mientras que las más pobres son las provincias fronterizas con Portugal. En el caso de algunas ciudades ricas, como Barcelona y Madrid, debido a su prosperidad, el coste de la vida es más elevado, por lo que la situación se hace más dura para algunos sectores sociales, aumentando la pobreza relativa.

Especialmente llamativa es la situación de los jóvenes españoles, cuya tasa de paro es la más alta de la Europa de los Quince (Y no deja de ser significativo que la estadística se revierta en lo referente al consumo de drogas, alcohol y actividades lúdicas y festivas, en las que España ostenta el primer lugar).

Por si fuera poco, en algunas ciudades del Sur, por ahora, en vez de buscar soluciones a la problemática del paro juvenil, se fomenta oficialmente la creación de «botellódromos» para que los jóvenes pueden beber tranquilamente y sin molestar. Pero ¿no existe un ley «antibotellón»?

Por otra parte, hace una década, por encargo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el sociólogo norteamericano James Petras realizó un informe que tituló «Padres e hijos: dos generaciones de trabajadores españoles». Relegado oficialmente, el informe acabó siendo publicado por la revista «Ajoblanco». Petras advierte en su estudio sobre la brecha generacional entre los trabajadores jóvenes y sus padres. Una brecha laboral y social. En una de sus conclusiones, afirma que la juventud española estaba pagando los platos rotos de una supuesta modernización.

Petras contrasta la situación de mediados de los noventa del siglo pasado con la de pocos años antes, en los que la estabilidad en el empleo proporcionaba a los jóvenes, -y también a los que ya no lo eran tanto- una base para la continuidad y un grado de certidumbre a la hora de hacer proyectos para todo un ciclo vital.

Hoy, además del paro y de la inseguridad en el empleo, muchos jóvenes se quejan de lo mal pagados que están, de las muchas horas que trabajan, de los contratos leoninos, de lo «obedientes» que se ven obligados a ser para no perder su empleo, aunque sea con un sueldo miserable. Una vergonzosa realidad social. Las fuerzas sociales y societarias prefieren otras reivindicaciones menos comprometidas, o meramente simbólicas. Reivindicaciones que, además, permiten combinar una «buena conciencia» con las ayudas y las subvenciones oficiales. Comprometerse con los problemas de la pobreza, de los desempleados y subempleados, «de los desheredados de la fortuna», como se decía antes, implica confrontaciones duras y persistentes con los mismos poderes que conceden prebendas y subvenciones. Parafraseando a Jorge Luis Borges, poco se hace, desgraciadamente, para remediar la suerte de ese «pobrerío de golpeados destinos».