LA vista oral del 'caso Pipol' ha terminado con la contundente intervención del abogado defensor de Suárez Trashorras, que ha acusado a la Policía de manipulación. Sobre este punto ha realizado la afirmación más impactante al afirmar que la famosa cinta grabada por el agente Campillo a Lavandera no se realizó en el año 2001, cuando ocurrió la operación Pipol, sino después de los atentados del 11-M. El argumento dado por el abogado se apoya en el desconocimiento que había en el año 2001 sobre la utilización teléfonos móviles para activar cargas de dinamita. Manipulada la cinta, desautorizado el testimonio del Tedax, puesta en solfa la supuesta banda delictiva formada por Toro y Trashorras, negada la existencia de cualquier prueba pericial sobre la existencia de dinamita y descartada la posesión de las llaves del garaje, por su defendido, el abogado concluyó que faltaban las pruebas que permitiesen imputar a su patrocinado los delitos de tráfico de drogas y de tenencia y venta de explosivos. Como colofón pidió la absolución para Suárez Trashorras.

El juicio del 'caso Pipol' estuvo desde el primer día marcado por la celebridad de algunos acusados y el protagonismo que tienen en el sumario del 11-M. Aunque los abogados trataron de separar ambos procesos, por la distinta naturaleza de los hechos y su separación en el tiempo (tres años), es muy difícil para la opinión pública desvincular ambos casos. Antes de que el 'caso Pipol' llegara a la Audiencia Provincial, miles de veces se habló de la trama asturiana de la dinamita, que nace en el hurto de explosivos en mina Conchita y termina en Madrid. La gente tiene una idea preconcebida, porque la lectura del sumario queda para los profesionales del Derecho que participan en el juicio. Cualquier proceso judicial rodeado de expectación social está lleno de prejuicios, por eso cuando se conocen las sentencias todo el mundo opina inmediatamente, porque cada ciudadano se siente formando parte de un espontáneo jurado popular.

Eso no quiere decir que la gente acierte con su veredicto, como históricamente ha quedado evidenciado: que suelten a Barrabás. Por fortuna, el caso Pipol queda en manos de magistrados independientes, al abrigo de pasiones y presiones.