El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha lavado las manos respecto al caso de Carnero y Morala, con lo que ha fallado una de las líneas de desmontaje del pleito iniciadas por Izquierda Unida. El líder de esta coalición, Gaspar Llamazares, le puso hace días unas letras al fiscal general para que se interesase por la acusación contra los dos sindicalistas, para los que la acusación pide seis años y medio de cárcel por destrozos en las movilizaciones de 2004 y 2005.

Pero Conde-Pumpido no le enmendará la plana a la fiscal del caso gijonés, a diferencia de lo que viene sucediendo con el ministerio acusador de la Audiencia Nacional, con notables relevos que apuntaban a una intención dulcificante de las condenas que pesaban sobre etarras varios.

Por tanto, esta línea de intermediación de IU queda anulada. Y la otra vía, consistente en que el Ayuntamiento asegurara que fue un error la comparecencia de un funcionario que dijo personarse en la causa y reclamar daños, permanece en vía muerta en tanto que el juez no ha respondido a la petición municipal de hace semanas, según la cual el tribunal debía anular los efectos de dicha comparecencia.

Hay también una serie de ataques por parte de IU a la fiscal del caso, aunque nos da la impresión de que ésta ha ido por el libro. Salvo ulterior recalificación por parte de esta fiscal, o salvo que el informe del Tedax sobre los explosivos de autos no resulte concluyente, o salvo que no se pueda identificar con absoluta certeza a Carnero y Morala en la voladura de la cámara de tráfico -hay fotos exculpatorias al respecto-, el proceso seguirá su curso y el Ayuntamiento se aproximará al difícil momento de explicar por qué estos dos sindicalistas podrían ser los primeros condenados por luchas laborales, pese a que la municipalidad del PSOE e IU presume de que en treinta años de movilizaciones gijonesas nunca se ha ido contra un representante de los trabajadores.