CIUDADANOS

La puesta en marcha del cuarto pilar del Estado de bienestar costará mucho dinero, por lo que ha de estar basado irremisiblemente en que las personas que necesitan ayuda asuman parte de la factura. Sin embargo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, confirmó ayer que fijarán unos mínimos de renta y patrimonio por debajo de los cuales los usuarios de los servicios establecidos en la nueva ley de Dependencia quedarán exentos de este copago.

Dicho listón económico tendrá que ser establecido entre la administración central y las comunidades autónomas, dentro del Consejo de Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia, cuya creación está prevista para antes del 31 de diciembre. A partir de entonces trabajarán en el desarrollo normativo de la ley y una vez se pongan en funcionamiento, por parte de los gobiernos autonómicos, los equipos de expertos que han de valorar cada situación de dependencia, el ministro prevé que los primeros servicios de asistencia podrán recibirse en la primavera del año próximo.

A pesar de que la ley superó el jueves su último trámite parlamentario por amplia mayoría, queda por dilucidar si la vivienda habitual se tendrá en cuenta a la hora de establecer cuál ha de ser la aportación de cada persona dependiente, una cuestión que ya generó discusión entre el gobierno y algunos grupos en la oposición.

En todo caso, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recordó que, con la normativa recién aprobada, la aportación de las personas dependientes al pago de servicios como teleasistencia, ayudas a domicilio, plaza en centros de día o residencias nunca superará el 30%, mientras que el 70% restante se cubrirá con dinero público.

"Ahora el ciudadano lo paga todo y con la ley recibirá enormes ayudas. Es justo que cada uno pague la parte que le corresponda según sus recursos", aseguró ayer Jesús Caldera durante la visita a una residencia privada de Madrid, donde explicó a un grupo de mayores los beneficios que proporcionará la nueva ley de Dependencia.

Además aprovechó para transmitir que el despliegue del nuevo sistema de atención que ha de llegar en los próximos años a los más de 1,1 millones de ancianos y discapacitados con problemas de autonomía - según cifras del año pasado- será necesario contar tanto con los centros públicos como con los de titularidad privada.

El máximo responsable de Trabajo y Asuntos Sociales señaló que se dirigirá a "todos los ciudadanos" para los explicar qué pasos hay que dar en el caso de necesitar alguno de los servicios que fija la nueva ley.

Entre el 2007 y el 2015, fecha en la que la red de atención de dependencia debería estar completamente desplegada, Asuntos Sociales calcula que las distintas administraciones habrán aportado más de 26.000 millones de euros con los que garantizar la atención a todos aquellos "que lo necesiten".