Poseer una vivienda en propiedad conlleva, a menudo, más satisfacciones que problemas. Pero en el caso de los futuros beneficiarios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, aprobada ayer con una amplia mayoría en el Pleno del Congreso, ocurre lo contrario.

La tenencia de un inmueble frena sus aspiraciones de participar, gratuitamente, en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la institución que a partir de 2007 deberá garantizar el acceso a los servicios sociales y, en su defecto, a las prestaciones económicas, a los cerca de 1,5 millones de dependientes en España.

Tal y como queda redactada la norma, el patrimonio determinará la cuantía del copago de los usuarios. El Senado tumbó la enmienda de CiU para que no computase en este cálculo la vivienda habitual, y otra del PP que perseguía que las prestaciones tampoco estuvieran sujetas a la renta del usuario.

Ahora, aflora la duda sobre si se considerará la primera vivienda como parte del patrimonio, o no. La portavoz socialista en el Congreso, Marisol Pérez, consideró ayer que sólo se está obligado a hacer una declaración de Patrimonio “a partir de la primera vivienda”. Sin embargo, reconoció que el tratamiento final para quienes posean un inmueble en propiedad “dependerá de la persona en concreto”. De este modo, si el dependiente ocupa la casa, no se le tendrá en cuenta el valor del inmueble a la hora de diseñar la cuantía del copago. Pero sí en el caso contrario. En la actualidad, más del 80% de los mayores tiene una casa propia.

Pérez reconoció que este asunto deberá desarrollarse mediante un “reglamento”, pactado por los miembros del Consejo Territorial. El problema: el organismo no estará constituido hasta al menos tres meses después de la entrada en vigor de la ley. Éste es, además, uno de los motivos por el cual tres grupos –CiU, EA, y PNV– rechazaron el texto y uno –Nafarroa Bai– se abstuvo. “La norma no llegará a tiempo”, matizó ayer el portavoz de CiU, Carles Campuzano.

Financiación

Precisamente el modo de financiación previsto, levantó las críticas de los nacionalistas y el PP. Los primeros, advirtieron de que la ley de Dependencia invade sus competencias autonómicas, cuestión que plantearán ante el Tribunal Constitucional. Los segundos calificaron de “irrisoria” la financiación para el próximo año: 400 millones de euros, pues Madrid o Valencia ya rondan la cifra. Lo que sí aplaudieron todos los grupos fue la ampliación de los beneficiarios a las personas con deficiencias mentales. Aunque, en su opinión, avala la idea de una financiación “escasa”.