ANÁLISIS
Un comando especializado del aparato logístico de ETA robó el 23 de octubre las 350 pistolas de Vauvert vulnerando de manera abierta la tregua de la organización terrorista. El miércoles, en una operación conjunta la policía francesa y española capturaba a los jefes del aparato logístico de la banda y devolvía el golpe. Frente a un hecho contundente como el asalto a la armería, otro hecho no menos claro como la captura del jefe de los ladrones y de sus ayudantes.
El Gobierno ha utilizado el lenguaje que entienden los etarras con claridad, aunque no cabe duda de que a la banda terrorista no le va a hacer gracia el golpe policial recibido. Muchos responsables policiales se preguntan a estas horas cómo va a responder ETA, pero haga lo que haga, al grupo que lidera Josu Ternera tiene que haberle quedado claro que si vuelve a la actividad terrorista tendrá encima a los servicios policiales que, por lo que se ha visto, pueden presumir de estar cerca de algunos de los principales cabecillas. Desde el inicio de la tregua la única operación policial que se había llevado a cabo - al margen de detenciones fortuitas- era la desarrollada el mes de junio contra el aparato de extorsión de ETA, que se llevó a cabo por decisión de los jueces de Madrid y París y sin el menor entusiasmo por parte de las autoridades españolas. La operación contra el aparato logístico es bien distinta, porque es el resultado de la voluntad política de los gobiernos.
Es posible que haya quien piense que han sido las autoridades francesas las que han empujado para que las detenciones del miércoles se llevaran a cabo, ya que se trata de castigar a los responsables de un importante robo de armas cometido en su territorio. Tal vez sea así, pero resulta indiferente porque el Gobierno español se ha apresurado a capitalizar la operación policial ante la opinión pública mostrando una firmeza fuera de dudas que le pone a resguardo de las críticas del PP. Aunque fuera París quien hubiera tomado la decisión de detener a Zigor Garro y sus cómplices, el Gobierno español no iba a convencer a ETA de que era ajeno a esa operación y, por tanto, los efectos adversos sobre el proceso de diálogo se iban a producir de todas las maneras. Así que para el Ejecutivo de Zapatero lo más eficaz era hacer lo que ha hecho: reclamar su responsabilidad en el operativo policial y advertir a ETA de que sus acciones van a tener respuesta sin complejos.
Si el endurecimiento de posturas de ETA, el robo de las armas y el ultimátum contenido en el último Zutabe de la banda eran consecuencia de la presión de los sectores más radicales, con la operación policial se dan argumentos a la facción más dispuesta al diálogo, si la hubiera, ya que se demuestra que la presión de los cuerpos de seguridad es lo suficientemente eficaz como para poner en problemas a la organización terrorista.

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