No es un informe de Cáritas o de una de tantas ONG que ofrecen radiografías periódicas sobre la situación en que viven los españoles de nuestro tiempo. Los datos proceden del Instituto Nacional de Estadística en su rutinaria Encuesta de condiciones de vida que se publica anualmente. Son datos oficiales que convendría fueran analizados por los gobiernos progresistas, tanto en España como en Catalunya, para ver qué se puede hacer para alcanzar un cierto reequilibrio de la riqueza y de las oportunidades de progreso para todos los ciudadanos.

Los datos oficiales nos dicen que uno de cada cinco españoles vive en la pobreza. La realidad es mucho más cruda para autonomías como Andalucía y Extremadura, donde la proporción de pobreza estructural es de uno de cada cuatro. Otra referencia en la filosofía oficial de la paridad entre sexos es que las mujeres cobran un 40 por ciento menos que los hombres. La estadística es una ciencia fría y descarnada que habla en términos globales y no contempla las situaciones particulares.

Pero más del 60 por ciento de los consultados en la encuesta, con rentas inferiores a los 9.000 euros, no puede disfrutar de una semana de vacaciones.

La situación de pobreza de casi un 20 por ciento de la sociedad española es una de las más altas de los 25 países de la Unión Europea. Entre los ciudadanos que se encuentran en estas franjas de ingresos, casi un 6 por ciento no puede comer carne o pescado cada dos días y un 16 por ciento no dispone de una temperatura adecuada en su vivienda.

Esta fotografía social contrasta con las cifras multimillonarias que manejan las grandes empresas que compran multinacionales en América y en Europa por sumas astronómicas. España ha irrumpido con éxito en las finanzas y en el tejido económico del mundo democrático. Cada dos por tres aparece un ejecutivo de una institución financiera o de una multinacional anunciándonos que los beneficios del último trimestre han crecido un 30, un 40 o un 60 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Me dirán que vivimos en el mundo globalizado y las leyes del mercado pasan por encima de la función arbitral y redistributiva del Estado moderno. No soy de aquellos a los que les disgustan los beneficios ajenos, siempre y cuando se construyan en los parámetros de las leyes vigentes.

Pero la realidad es que la globalización empequeñece a las clases medias en beneficio de quienes cada día tienen más y agranda el número de los desfavorecidos que cada día están más indefensos.