Las entidades financieras reguladas por el Banco de España (bancos, cajas de ahorros y otras sociedades de depósito) han intensificado en los últimos días su batalla institucional para lograr que el Gobierno introduzca una normativa específica de los denominados intermediarios de créditos, un grupo de sociedades que ha crecido como la espuma en los últimos años.

A diferencia del resto de sociedades o agentes financieros, los intermediarios de préstamos –que actúan como meros corredores de los productos de otros, o prestando su propio dinero– no están sujetos a una normativa específica, ni a registros oficiales, ni a un seguimiento exhaustivo por parte de la Administración. Tan solo les afecta, tangencialmente, alguna ley dispersa, relacionada con el ámbito de actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo.

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Una muestra de la falta de control que existe en España es que nadie sabe a ciencia cierta cuántos intermediarios de créditos hay, y ni siquiera cómo describir su actividad. Algunos estiman que superan el millar. Lo único cierto es que están proliferando como hongos y han logrado encender las alarmas del sector financiero tradicional.

Estos intermediarios están haciendo su agosto con reclamos como el de la reunificación de deudas o incluso la refinanciación de créditos de personas que tienen impagos, con la promesa de borrarles de los registros de morosos. Lo peor es que, frente a intermediarios financieros con cierto renombre y reputación, que han conseguido establecer importantes cadenas de establecimientos (Freedom Finance, Credit Services y Brokers Finance, por citar algunos ejemplos), operan sociedades ante las que es inevitable la sospecha de prácticas como la usura o la escasa transparencia.

Las entidades reguladas aprovechan cualquier oportunidad para pedir al Gobierno que aborde el problema con una regulación clara y concreta, sobre todo enfocada a evitar abusos hacia los clientes e incluso prácticas que podrían llegar a ser delictivas. La pasada semana acabó el plazo para que todos los interesados remitieran sus alegaciones al borrador de la nueva Ley Hipotecaria.

Desde grupos como la Asociación Hipotecaria Española (cuyos socios son bancos y cajas) se pidió que se aproveche la ley para regular a los intermediario, algo que comparten las patronales de banca (AEB) y de cajas (Ceca). “Establecer un registro oficial, por ejemplo, sería un freno para aquellas empresas que no están dispuestas a actuar con todas las garantías de transparencia y buen hacer, aunque sólo fuera por el temor a sentirse más vigilados”, señalan fuentes bancarias.

El sector financiero tradicional va más allá y pide que el problema se aborde desde el Banco de España. Las entidades reguladas piensan que, como en otros asuntos, los intermediarios financieros son una patata caliente que todos tratan de quitarse de encima.
Fuentes del Ministerio de Economía, a cuyo ámbito se adscribe el Banco de España, explican que, por norma, a este organismo le corresponde regular las entidades de depósito –aquellas que, como bancos y cajas, están habilitadas para captar depósitos–.

En España, añaden, dar créditos no está regulado desde el punto de vista financiero: cualquiera puede hacerlo. Tan sólo cabe abordar el asunto desde un punto de vista de consumo. Desde Economía remiten por tanto al Ministerio de Sanidad y Consumo. Fuentes del actual Gobierno recuerdan, además, la confusión que creó en su día el PP al incluir una disposición en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva –una ley puramente financiera– para hablar de los bienes tangibles –donde se enmarcan los escándalos de Fórum y Afinsa–, aunque fuera para explicar que esa ley no los regulaba, y que correspondía a Consumo.

Los ámbitos de actuación de cada ministerio es algo que quieren dejar claro desde el Gobierno. La directora del Tesoro, Soledad Núñez, reconoció ayer a EXPANSIÓN que varias asociaciones financieras han pedido que sea el Banco de España quien regule los intermediarios. Sin embargo, Núñez explicó que este planteamiento no se comparte en el Gobierno, ya que los intermediarios de crédito no presentan problemas de solvencia, sino de protección del consumidor.

Por ello, es Consumo quien tiene que ocuparse de ellos. Una de las razones que esgrimen las entidades para criticar que a los intermediarios les regule Consumo es la Ley de Mediación del Seguro. “¿Cómo es posible que a los corredores de seguro se les regule tan específicamente y a los intermediarios de créditos, que bien podrían llamarse corredores financieros, no?” se preguntan desde un banco.