A mediados de este mes el PP presentaba una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos de 2007 para crear la Oficina de transparencia y control de patrimonio de los cargos públicos de Baleares.

Días después, el presidente, Jaume Matas, se disculpaba tras la detención del director general de Ordenación del Territorio del Gobierno autonómico, Jaume Massot; del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y del inspector de Obras de este municipio, Jaume Gibert Fuster, acusados de corrupción urbanística.

Según la investigación puesta en marcha por la Fiscalía, los tres detenidos podrían haber incurrido en hasta ocho presuntos delitos contra la ordenación del territorio y la Hacienda Pública, así como los de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, negociación prohibida a funcionario público, asociación ilícita y falsedad documental. El Fiscal, Juan Carrau, no descarta nuevas detenciones.

La respuesta del PP balear frente a este nuevo caso de corrupción ha sido firme. “No nos podemos permitir ninguna sospecha de corrupción urbanística”, afirmó Matas, mientras anunciaba la dimisión inmediata del alcalde de Andratx, su renuncia al acto de concejal y su suspensión de militancia del PP.

La detención de Hidalgo obligó a Matas a tomar esta decisión, pese a que sólo hacía un mes que lo había ratificado como candidato a la alcaldía del municipio. “Todos los partidos políticos nos hemos equivocado en Andratx”, dijo entonces el presidente, haciendo alusión a que el primer edil sólo gobernó con el PP durante un año y dos junto al PSOE y Unión Mallorquina.

Por su parte, Jaume Massot fue cesado inmediatamente de su cargo como director general de Ordenación del Territorio. El jefe del Ejecutivo balear quiso aclarar que su detención no tiene nada que ver con las funciones que desempeña como director general en el Gobierno autonómico.

Mientras tanto, el proyecto de crear un órgano independiente en el que todas las personas con responsabilidad en instituciones públicas de las Islas deberán registrar una declaración de sus propiedades, sigue adelante. Así, cuando esta Oficina, que dependerá del Parlamento, entre en vigor –el próximo 1 de enero de 2007–, los cargos públicos dispondrán de un plazo de tres meses para aportar esta información en un Registro de bienes y derechos patrimoniales que será de carácter reservado y sujeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

El objetivo de este órgano será el de investigar el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, exigiéndoles una declaración de bienes antes y después de su nombramiento.
El PSOE ya había propuesto la creación de esta oficina anticorrupción, dirigida por un policía nacional o guardia civil especializado en delitos económicos y blanqueo de capitales.

Los socialistas sugerían que cada partido político podría pedir que se investigue a tres políticos por período de sesiones del Parlamento autonómico (es decir, seis investigaciones al año) y la Oficina de control de patrimonio tendría potestad para reclamar a los bancos todos los datos y movimientos de cuentas de los investigados.