La configuración desarrollada por la actual reglamentación y las diferentes leyes que la regulan hicieron posible, con las primeras elecciones municipales, la acogida de nuevas formas de gobierno municipal, permitiendo el acercamiento de los ciudadanos al centro de decisión más cercano a sus problemas y la plena participación, en algunos casos, de ellos mismos junto con los legítimos representantes políticos en las corporaciones.

Recuérdese que desde la ley de Régimen Local de 1955 hasta la más reciente ley reguladora de las Bases de Régimen Local no disponíamos en este país de un instrumento democrático que nos permitiera participar en los órganos de decisión de los ayuntamientos, con representación elegida por sufragio y con posibilidades de cooperación desde la participación popular. La importancia de esta ley es mucha, incluso algunos estadistas la sitúan al mismo nivel que la Carta Magna y los propios estatutos de autonomía. Así protegidos, los ciudadanos, vemos a los ayuntamientos no como el organismo extraño al que nos tenemos que enfrentar para reivindicar servicios esenciales, sino como un instrumento propio, al que se confían inquietudes y proyectos y del que se espera la máxima identificación con nuestras necesidades.

Parece evidente que después de todos estos años se vea la necesidad de hacer balance, evaluar los resultados, y si fuera necesario proponer las modificaciones que se consideren, con el fin de mejorar lo ya existente.

Es en ese apartado donde quiero centrar este escrito. Y, para ello, analizaré la cuestión en dos niveles concretos: en primer lugar, en función de la representación política, y, en segundo lugar, en función de la valoración de los resultados en la gestión municipal.

Para el correcto entendimiento del primero de los apartados, el de la representación política, es preciso recordar algo evidente, como es que la configuración del gobierno en los ayuntamientos ha de estar contemplada necesariamente en alguno de los tres casos siguientes: A) mayorías absolutas, B) mayorías minoritarias, y C) minorías.

Con las anteriores premisas, hagamos un pequeño recorrido por el mapa político municipal de nuestra región, y veremos que todas las corporaciones están encuadradas en alguno de los apartados anteriormente señalados.

La opción A) no arroja ningún género de duda, quien ostenta la mayoría la aplica según su entender, y desarrolla el programa electoral presentado; sin necesidad de apoyos externos, o cediendo la participación en áreas de responsabilidad al resto de los representantes en la Corporación en función de sus intereses, y hay que entender que, también, de los intereses de los ciudadanos.

La opción B) es probablemente algo más complicada de entender desde un posicionamiento distante. Es una situación que necesariamente coloca al alcalde presidente de la Corporación en el lugar más difícil para el ejercicio de la política y, como consecuencia, para el desarrollo del programa previsto, ya que constantemente ha de estar buscando apoyos y negociando los resultados, y, consiguientemente, cediendo en parte sus objetivos de gobierno en favor de los de la oposición que no necesariamente han de ser coincidentes.

La opción C) no requeriría ninguna explicación, ya que la propia situación de minoría sin opción de gobierno sería suficiente para no tener que desarrollar teoría alguna al respecto. Pero la realidad nos sitúa en estadios diferentes de la pura lógica matemática, y así podemos ver cómo, con resultados electorales apenas insignificantes, estas minorías se sitúan en el centro mismo de la balanza y hacen valer su mínima representación para dar estabilidad a un Gobierno, sea del nivel que sea, local, regional o nacional, situándose en posición de «iguales» en los órganos de Gobierno institucional, sin tener para ello el respaldo popular mínimo que la lógica democrática exige para el desempeño de tal función.

En el segundo de los casos, el referido a los resultados en la gestión municipal, y teniendo como marco las circunstancias políticas comentadas anteriormente, vemos que aquellos Ayuntamientos que a lo largo de estos años de funcionamiento democrático han dispuesto de mayoría -del signo político que sean-, generalmente han desarrollado una gestión mucho más activa y con resultados más claramente visibles a los ojos de los vecinos que los que no han dispuesto de dicha condición.

Indudablemente el uso indiscriminado de esa mayoría de forma incorrecta es un riesgo, pero no debemos olvidar que el mismo gobierno ha de ser ratificado o rectificado en las siguientes elecciones municipales por los mismos ciudadanos que anteriormente le habían depositado su confianza. Sin olvidar que también existen otras vías de participación democrática recogidas en la ley para poder intervenir. Casos recientes tenemos.

Sin embargo, las corporaciones que no han dispuesto de gobiernos municipales con mayoría -repito, del signo político que sea- y han tenido que buscar apoyos en otros grupos políticos con menor número de representantes en el Consistorio para poder obtener falsas mayorías y sacar adelante los programas, los presupuestos o las obras inmediatas y necesarias para el municipio, han dado lugar, en algunos casos, a situaciones de verdadero trato transgresor de la norma escrita y del más elemental sentido del decoro y ética política. Tal es la situación generada en algunos casos, y tan escandalosa diría yo, que incluso se ha visto necesario formular una norma que venga a regular el funcionamiento de la figura popularmente conocida como «tránsfuga».

Esta situación, a la larga, viene influyendo negativamente en el comportamiento futuro del ciudadano, y normalmente se refleja en la falta de interés y participación en las elecciones y en la dejación de sus funciones como instrumento de control de la Administración y, por consiguiente, permitiendo inconscientemente con su actitud pasiva que se sigan desarrollando acciones como las que precisamente son criticadas.

Bajo mi punto de vista, este contexto nos sitúa en un escenario distinto al previsto de normal desarrollo de las actividades de las corporaciones locales, que debería consistir en la aplicación de un programa político y no en el resultante de acuerdos posteriores, forzados, la mayoría de las veces, para disponer de los recursos económicos necesarios y poder gestionar adecuadamente el municipio.

Esta realidad, muchas veces repetida y a todas luces insostenible, necesita ser analizada en la línea adecuada y con las consideraciones precisas, respetando todos y cada uno de los derechos del ciudadano, y teniendo como premisa el entendimiento necesario entre los resultados políticos y los resultados de gestión.

En tal sentido, me pregunto si no sería descabellado analizar la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones -en una primera fase, al menos en las municipales- que permitiera disponer de un gobierno estable, capaz de desarrollar el programa presentado y apoyado mayoritariamente a lo largo de la legislatura.

Ni es nuevo este planteamiento ni es atrevido, simplemente se trataría de adecuar a nuestro sistema político la práctica que en este sentido vienen aplicando otras democracias mucho más arraigadas que la nuestra con resultados fácilmente comprobables.

Ángel L. García García, ex concejal del Ayuntamiento de Langreo.