Ahora, cuando se tiene la sensación de estar viviendo la cuenta atrás de la tregua de ETA, uno de los argumentos que los más optimistas emplean para pensar que no volverá el terrorismo es la creencia de que ni a la propia banda ni a los suyos les conviene dar marcha atrás. Se dice, con bastante lógica, que si ETA volviera a poner bombas provocaría un intenso rechazo social, incluyendo el procedente de una parte de la base de Batasuna; que este partido no podría aspirar a volver a la legalidad, con todo lo que ello supone; que sus dirigentes, encausados en diferentes sumarios, acabarían en la cárcel y que la represión policial podría hacer estragos en la banda, porque durante la tregua detenciones no ha habido, pero los policías no han estado de vacaciones. Todo ello parece un cálculo razonable ya que se basa en comparar las ventajas e inconvenientes que puede acarrear una decisión y cuando éstos superan a aquellas, lo mejor es estarse quieto. Es muy probable que algunos dirigentes de Batasuna estén sacando esos números, pero no es seguro que en ETA se funcione con la misma lógica.

Las mismas objeciones que se hacen para desechar la posible ruptura de la tregua podían haberse hecho en 1999: la mesa nacional de Batasuna había sido encarcelada en 1997, en 1998 se había cerrado el Egin y se sabía que las baterías legales del Estado apuntaban ya a todos los organismos de la izquierda abertzale; era evidente que la ruptura de la tregua iba a tener coste social para ETA y Batasuna y que la Policía y la Guardia Civil, que ni siquiera habían dejado de hacer detenciones durante la tregua, pondrían toda la carne en el asador para desmantelar la banda. A pesar de que todos esos inconvenientes eran previsibles, ETA volvió a atentar en el año 2000. Y ocurrió todo lo peor que podían temer: la izquierda abertzale perdió gran parte del respaldo social que tenía; la ofensiva del Estado condujo a que se desmantelaran todos los organismos del entorno etarra y, como guinda del pastel, llegó la ilegalización de Batasuna. Y a ETA no se le dio tregua: 924 detenidos entre el 2000 y el 2005, incluidos la gran mayoría de sus dirigentes, con Mikel Antza a la cabeza.

Se podrá alegar que, en 1999, cuando decidió romper aquella tregua, ETA no era capaz de prever con detalle los efectos adversos de su decisión y en cambio ahora, con aquel precedente, sabe a qué atenerse. Admitamos la objeción. Pero en abril del 2006 ya la banda sabía todo lo que había traído consigo aquella decisión y, pese a ello, en el Zutabe de ese mes hace una justificación de la ruptura de 1999 que es interpretada en clave de éxito. ETA ha interiorizado que poner fin a la tregua y continuar atentado fue una maniobra eficaz para avanzar hacia la consecución de sus objetivos. Gracias a esa maniobra logró que el PNV radicalizara sus postulados, después de la ruptura, incluso, y se acercara a los de la izquierda abertzale. Esa lectura interesada del pasado es una amenaza ante las decisiones que ETA ha de tomar, si es que no ha tomado ya, sobre la tregua. La banda terrorista puede pensar que si con el anterior proceso de treguaatentados logró mover significativamente las posiciones del PNV, ahora puede hacer lo mismo con el Partido Socialista. ETA mantendrá o romperá la tregua en las próximas semanas, pero lo que decida no estará condicionado por las posibles consecuencias adversas que se puedan derivar para los suyos por dar ese paso.