El Plan de Vivienda 2005-2008 del departamento ministerial que dirige María Antonia Trujillo apuesta por el incremento del parque de pisos protegidos para garantizar el acceso a una primera residencia de aquellos colectivos con más dificultades para entrar en el mercado, en un entorno de incremento sostenidos de los precios de las casas libres.

En línea con esta política, el volumen de Viviendas de Protección Oficial (VPO) terminadas durante el pasado año creció un 10,8%, para situarse en 61.873 inmuebles, la cifra más alta desde 1998. Pero cuando se realiza un análisis regional, los datos revelan que cuatro comunidades autónomas ya dejan de priorizar este tipo de inmuebles.

El mayor retroceso se registra en las Islas Baleares, con una caída del 60,2% en pisos protegidos terminados, hasta las 411 viviendas. En segundo lugar se encuentra Cataluña, con un descenso del 14,4%, con 5.039 nuevas casas; le sigue Murcia, que experimentó una reducción del 12,7%, hasta 1.471 VPO terminadas. Finalmente, Galicia también rebajó los nuevos inmuebles protegidos, un 6,9%, al terminar 3.050 casas durante el pasado año.

Los promotores justifican su nulo interés por el mercado de residencias protegidas en el bajo precio del metro cuadrado (módulo) regulado por el Gobierno, pero en esta ocasión el argumento queda cuestionado, ya que desde que Trujillo llegó al Ministerio el importe ha experimentado dos subidas consecutivas –del 4% y del 3%–. De esta forma, el precio medio del metro cuadrado de la VPO alcanza ya los 945 euros.

Además, la estructura competencial española hace que las comunidades autónomas no se puedan quedar fuera de la fijación del módulo. Las regiones tienen la posibilidad de elevar el importe a través de un multiplicador que varía entre el 1% y el 2% del valor del metro cuadrado.

Más obligaciones

Por otra parte, el Ejecutivo pretende aumentar las obligaciones en materia de vivienda protegida con el artículo del proyecto de Ley del Suelo que obliga a reservar el 25% de cada nueva promoción a este segmento del mercado. Pero los profesionales consideran que la medida no conlleva necesariamente un mayor número de pisos a precios asequibles.

A juicio del presidente de la Asociación Española de Promotores y Constructores de España, Guillermo Chicote, “la clave para estimular la producción de vivienda protegida pasa por liberalizar el mercado del suelo, sin que eso suponga una mayor intervención. El tiempo ha demostrado que la cesión obligatoria actual del 10% de terrenos a los ayuntamientos [la nueva reforma eleva el límite hasta el 20%] ha acabado por convertirse en un impuesto más que grava los inmuebles y que, a medio plazo, incrementa los precios, al trasladarse al comprador final de vivienda libre, por lo que resulta inadmisible”.

Los últimos datos disponibles del primer trimestre de 2006 revelan que sólo cinco comunidades autónomas han decidido elevar el módulo (en una cuantía que no supera el 1,34% del importe final de la casa). Se trata de Cataluña, Aragón, La Rioja y Asturias. El sector privado pide más implicación de los Gobiernos regionales a este respecto y les emplaza a hacer los deberes para que la construcción de VPO sea rentable y, por lo tanto, atractiva para los promotores.