EN el juicio del 'caso Pipol', le ha tocado al fiscal, José Perals, presentar sus conclusiones definitivas. El fiscal antidroga de Asturias ha elevado la pena por tráfico de explosivos a los dos célebres cuñados, Toro y Trashorras, fijándola en ocho años, que se suman a los diez años pedidos para ellos por traficar con droga. El fiscal ha realizado un pormenorizado relato en el que aparece Antonio Toro como un gran traficante de droga para el que trabajaba Emilio Suárez Trashorras. En el caso de los explosivos, el ex minero sustraería los cartuchos de la mina en la que estaba empleado y luego, sería Antonio Toro el encargado de distribuirlos y venderlos. La exposición de José Perals se basa en los testimonios de los testigos, Rafa Zouhier y Francisco Javier Lavandera Villazón. A Zouhier le habló Toro de explosivos en la cárcel y dos años más tarde, en 2003, pudo tocarlos con sus propias manos. En cuanto a Lavandera es ya bien conocido por todos; le dice Trashorras que tiene cartuchos y luego Toro le enseña el maletero de su coche cargado con dinamita.
El fiscal antidroga ha vuelto a recordar cómo la Policía llevó a cabo la 'operación Pipol' en 2001, y dos años después de registrar el famoso garaje de Avilés en el que se encontraron cartuchos, detonadores y droga, el dúo de cuñados seguía comerciando con dinamita. La cercanía al 11-M concede especial dramatismo a la secuencia.
En la exposición realizada por Perals hubo una alusión para el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Gerardo Herrero, cuando dijo que sólo por desconocimiento se puede quitar importancia a que un ex minero llevara dinamita. Hace unos días, Gerardo Herrero restó importancia al hecho de que un ex minero, como Trashorras, tuviese algún cartucho de dinamita en su poder, por ser algo habitual en las cuencas mineras asturianas. Aún aceptando esta tesis, es muy distinta la tenencia irregular de algún cartucho a estar en posesión de cientos de kilos de dinamita que cambiaban de mano con la velocidad propia de todo tráfico de mercancía. En definitiva, el fiscal, José Perals, ha realizado una exposición final coherente con su línea de trabajo desarrollada durante la vista oral, en la que la presencia de cartuchos y detonadores impide reducir el 'caso Pipol' a una mera operación de tráfico de estupefacientes. Para Perals es mucho más.

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