Está muy revuelta la prensa asturiana, ante las declaraciones del Fiscal Jefe, Gerardo Herrero, que han producido un cabreo generalizado, y sin embargo, conviene repasar lo que la prensa dice que dijo hace una semana, que por su impacto y repercusión generalizada, se vio obligado a realizar unas matizaciones que han causado aún más revuelo, y sin embargo, si bien se mira, no dijo nada extraordinario que no responda estrictamente a la verdad de los hechos, tal y como corresponde a un fiscal.

Las declaraciones de Herrero se produjeron a la entrada del curso "Responsabilidad y Accidentes en el Trabajo", y lo que la prensa contó que dijo, salió a partir de esta nota de EFE, que reproducimos textualmente, para que las cosas queden claras, pues a estas alturas, nuestros lectores saben perfectamente que muchas de las cosas que se leen en los periódicos, están redactadas, con sus modificaciones y añadidos, sobre las notas de las agencias de prensa, y por eso es tan conveniente conocer qué dicen en realidad esas agencias.

Decía la agencia EFE: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gerardo Herrero, subrayó que la Operación Pipol se dirigía a combatir el tráfico de drogas y "de casualidad" se localizaron cartuchos de dinamita, algo que entonces era "normal" en un ex trabajador del sector minero como Emilio Suárez Trashorras. En declaraciones a los periodistas, Herrero indicó que en un primer momento "no se le dio importancia" al hecho de que un minero jubilado como Suárez Trashorras almacenara los explosivos "en el famoso garaje", que supuestamente compartía con su cuñado Antonio Toro y con el prófugo José Ignacio Fernández "Nayo".

¿Qué dijo Herrero aquí? Dijo, tal y como ustedes acaban de comprobar en el texto literal de la nota de EFE, que la dinamita se encontró "de casualidad" y que entonces era "normal" que eso sucediese, por tratarse de un ex trabajador del sector minero. Figúrense si era "normal", tan "normal", que el juez dejó en libertad sin fianza a los tres personajes que utilizaban aquel garaje para guardar los materiales de sus tráficos. El problema es que La Nueva España tituló al día siguiente de las declaraciones del Fiscal Jefe, en La Nueva España, Herrero considera "normal" que Trashorras, como ex minero, tuviera dinamita en su poder.

Ustedes me dirán, tras una sencilla reflexión, si es lo mismo que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias diga que "entonces -2001- era normal que un ex minero tuviese explosivos", a decir, como se le endosó en el titular, que él, el Fiscal, lo "considera normal", porque ahí es donde está la madre del cordero, puesto que estamos convencidos -a la vista de los hechos- de que efectivamente, en el 2001 era "·normal" que Trashorras tuviese dinamita en su garaje, y sin embargo, estamos seguros de que Gerardo Herrero, como el resto de los asturianos, no considera que eso "fuese normal", puesto que evidentemente es totalmente anormal, atípico, ilógico y absurdo, aparte de constituir un delito de tenencia de explosivos.

El problema es que aquí nadia quiere entender lo evidente, lo que que nuestra inteligencia no resiste, lo que resulta incomprensible, y lo que sin duda terminará por estallar antes que después, dado que nadie parece querer aclararlo, es que, a pesar de fuese "normal" en el año 2001 que un ex minero tuviese en casa dieciseis cartuchos de Goma 2 y noventa detonadores, eso "no es normal", pues los delitos no son nunca "normales", muy al contrario, son totalmente "anormales" y deben ser perseguidos, para general escarmiento y ejemplificación, pero por alguna extraña razón, ese delito no se perseguía en Asturias, y eso es lo que era, es y será siempre "anormal", tan "anormal" como que no se acabe de aclarar de una puñetera vez, por qué en el año 2001 era "normal" lo "anormal".

¿Por qué se armó tanto revuelo con lo que dijo Gerardo Herrero? Nuestra impresión es que ese lío viene de la estupefacción que le produce al pueblo soberano que se le ponga delante lo evidente, y que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos explique la verdad de tan escabroso asunto, nos pone los pelos de punta, y como nos gusta tenerlos bien aplastados sobre la cabeza, nos molesta que la autoridad en materia de acusaciones y pesquisas nos recuerde este tipo de cosas. Si nadie dice nada, no pasa nada. Los delincuentes que tenían explosivoss en el año 2001, podían tenerlos y no se les procesaba por ello, además eran confidentes de la policía además de ser ex mineros, y cuando se les econtraban barrenos en el garaje se les dejaba en libertad sin fianza. Lo que es intolerable no es que eso sucediese, puesto que lo que sucede es porque se tolera, lo intolerable, para algunos, es que el Fiscal Jefe lo cuente.

¿Se imaginan la que se habría armado si Gerardo Herrero, en vez de aludir a la profesión de esta gente en las minas de caolín, se hubiese referido a su condición de confidentes de la policía? Pongámoslo en titulares por un momento, para imaginarnos el efecto: Gerardo Herrero afirma, que en el años 2001, era "normal" que los confidentes de la policía tuviesen dinamita en casa. De haberlo dicho así, ¿no le hubiesen quedado más precisas y claras sus declaraciones? Nosotros creemos que sí, y que de haberlo dicho de esta manera, Gerardo Herrero no habría tenido que salir el domingo 26 de noviembre a matizar sus anteriores declaraciones, en una entrevista publicada en La Nueva España, periódico que dijo en titular unos días antes que él "considera normal" que la gente tenga dinamita en casa, para explicar que no, que lo normal era que la tuviese Trashorras, por sus peculiares circunstancias personales de las que alguien debería ir dando alguna explicación

Y aquí es donde el fiscal es más elocuente, cuando afirma, en esta entrevista, que en 2001 se consideró «normal» que José Emilio Suárez Trashorras, por su condición de ex minero, almacenara explosivos lo hizo porque «así lo pensaba la investigación y lo aseguró el entonces jefe superior de Policía, Juan Carretero». Su declaración no quedó exenta de polémica. Él matizó: «Era otra época, anterior a los atentados de 2004. Ahora la situación es radicalmente distinta».

Llegados a este punto, conviene transcribir un párrafo de esta entrevista concedida por Herrero a La Nueva España, a partir de lo que él dijo en su rueda de prensa, y de lo que en la prensa dijeron que dijo:

-Efectivamente, dije que la «operación Pípol» se inició como un asunto de drogas que luego se convirtió en un juicio por tenencia y tráfico explosivos, precisamente por la identidad de dos de los acusados, José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro, procesados por los atentados del 11-M. También que la vista se había exagerado y magnificado mucho en los medios de comunicación, aunque como parece que los explosivos utilizados han salido de Asturias (así consta en el sumario del 11-M) entiendo que el asunto cobra más importancia periodística.

Y aquí es donde cobran importancia, y no sólo periodística, las afirmaciones de Gerardo Herrero, que han llevado al actual fiscal antidroga, José Perals, que casualmente -¿casualmente?- ejerce su ministerio público, de manera efectiva, desde fechas posteriores al atentado del 11-M, a decir ayer lo siguiente, que recoge con renovado escándalo la prensa de hoy: «No se debe ignorar lo que realmente ocurrió aquí», prosiguió Perals. «Y es que había un grupo que tenía un auténtico depósito de dinamita: dos kilos y medio -además de los más de 40 o 50 que vio Lavandera-, que no eran para fiestas, sino para traficar con ellos con fines criminales». «No se puede compartir la opinión de quienes dicen que no tenía importancia porque en 2003 (antes de los atentados), el juez procesó a Toro y Trashorras» por los explosivos. Según el fiscal, «lo que se castiga es la tenencia. No es necesario que se hayan utilizado los explosivos, ya que el mero hecho de tenerlos ya genera un riesgo».

¿Están jugando al billar Perals y Herrero? ¿Están pasándose una pelota el uno al otro para ver quién dice realmente lo que hay que decir? Porque lo más significativo de todo esto para nosotros, es que Francisco Javier Lavandera Villazón, que fue el que denunció lo que sucedía, parece haber tenido dificultades mayores que las que tuvieron Toro y Trashorras para traficar con explosivos, para poder cumplir con su obligación de testificar ante la justicia asturiana. Antonio Trevín Lombán, Álvaro Cuesta y Alfredo Pérez Rubalcaba le llamaron delincuente y el testigo tuvo que sacar a su hijo del colegio por el acoso escolar al que se vio sometido tras esas declaraciones. El periodista Ernesto Ekaizer también se lo llamó, ni más ni menos que en El País. Sus animales fueron salvajemente atacados. Su mujer murió ahogada a la vista de medio Gijón en un inconcebible reality show. Él mismo denunció que fue tiroteado. Trevín dijo a la prensa, primero, que fue un "ajuste de cuentas", para rectificar después, asegurando que los tiros se los pegó él solo. Las agencias de prensa y los periódicos estuvieron colocándole el alias "Lavandero" durante muchísimo tiempo como si fuese un delincuente. Sistemáticamente se le llamó "confidente" y "chivato" en la prensa española y asturiana. Se le procesó, sin que el supuesto afectado le denunciase, acusado de haber "falisficado una nómina", y luego resultó que se le había encausado por un presunto delito que estaba prescrito, y hasta en el juicio apareción un falso testigo del que tenemos foto aquí, a la izquierda de la página, para verguenza de la delegación del Gobierno en Asturias. ¿Hace falta seguir? ¿Para qué? Todo el mundo se ha dado cuenta de que en Asturias es más fácil ser delincuente que testigo, y que nuestros responsables políticos son los que se encargan de construir tan terrible clima.

A la vista de lo que dicen públicamente los dos fiscales, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál es la razón por la que los responsables del ministerio del Interior han perseguido de esta manera a este testigo? Ayer, el fiscal Perals afirmó que el movil de Lavandera para denunciar estos tráficos de dinamita que Gerardo Herrero da a entender que eran consentidos, fue el ser ciudadano ejemplar que hizo lo que creía correcto, a pesar de los problemas que después le trajo.

¿Por qué le trajo estos problemas a Lavandera, un ciudadano ejemplar en palabras del Fiscal antidroga, el cumplir con su obligación? ¿Por qué el juez del Olmo le quitó la protección? ¿Por qué Trevín, Cuesta y Rubalcaba se ensañaron con él de esta manera? ¿Por qué un alto mando de las fuerzas de seguridad reveló su nombre al público? ¿Por qué se ocultaron las cintas con sus denuncias? ¿Por qué Rubalcaba demostró publicamente que espiaba a Alicia Castro, al acusarla públicamente de no se sabe qué, por ejercer su función como diputada de una manera digna, entrevistándose con este "ciudadano ejemplar" al que el ministro y sus secuaces llamaron "delincuente"?

¿Qué cojones pasa aquí?