¿Whisky o agua?, de Miguel Ángel Belloso en Expansión
¿Es España un país seco? Más bien parece que lo es porque no llueve ni lo suficiente ni a gusto de todos. Pero quizá el problema, desde luego endémico, tenga más que ver con la táctica política, que ha impedido tradicionalmente que los instrumentos económicos reflejen con claridad el grado de escasez de un bien.
Ahora que la ministra Narbona ha hecho una propuesta peregrina, o confusamente explicada, para penalizar el consumo de agua, recuerdo que me tocó escribir un editorial en este diario sobre dicho asunto en julio de 1996, más de diez años atrás.
Hacía pocos meses que el PP había ganado en minoría las elecciones y negociaba el apoyo de CiU a los presupuestos del Estado, cuando los nacionalistas catalanes pusieron encima de la mesa la cuestión del precio del agua, es decir, la necesidad imperiosa de subirlo.
Ésta era una de las propuestas más sensatas de Pujol, pero el ministro Rato, entonces al cargo de los contactos, interpretó, con buen criterio político, que lo que menos interesaba a un PP recién llegado al poder, después de la larga travesía del desierto, era lanzar a la opinión pública el mensaje de que, precisamente el agua, sería mucho más cara.
Ya durante el segundo Gobierno popular, de mayoría absoluta, se decidió encarar el asunto con un Plan Hidrológico, que, pese a su faraónica y discutible inversión, afrontaba resueltamente el problema de la distribución pero volvía a dejar en segundo plano el elemento principal de la cuestión: el precio.
Sin precio de referencia
Que España padece un desequilibrio hídrico es evidente, pues la superficie regada crece en mucha mayor medida en la España meridional, que es donde menos llueve. Pero sin un precio de referencia, es decir, de mercado, nunca es posible conocer con exactitud la carencia real, la magnitud del conflicto.
De hecho, en aquella época, antes de que se intensificase el espectacular desarrollo turístico del Levante, antes del surgimiento de la pasión por el golf, y también antes de que la diversificación del ocio hacia el centro y el norte de España aumentase la demanda de agua en dichas zonas, la escasez de agua en términos absolutos era evidente, pero no colosal.
Se cifraba entonces en poco más de tres mil hectómetros cúbicos por año. Lo que ocurría, antes como ahora, es que faltaba el estímulo económico clave para el uso racional: los precios no se modifican para reflejar el volumen de agua disponible y las eventuales diferencias entre regiones no sirven para impulsar los trasvases.
Existe un elemento distorsionador adicional: los agricultores siguen consumiendo hoy, diez años después, casi el 80% del agua del país, siendo también, con la ayuda de las deficientes infraestructuras, mayoritariamente responsables de las fugas que se producen en su aprovechamiento. Ningún político, sin embargo, ha estado interesado en afrontar el hecho, por motivos electorales.
El caso es que, contrariamente al sentido común, las tarifas no se hacen eco de una circunstancia tan determinante. Más bien al contrario, continúan estableciéndose en función de la capacidad de pago del agricultor, lo cual provoca en ocasiones la paradoja que los precios bajan cuando hay sequía, en lugar de subir, como resultaría lógico.
Hay algunas ciudades españolas que, conscientes del problema, han establecido un sistema tarifario con vocación de integrar los costes y trasladarlos a la factura final, pero no se puede decir que ésta sea una práctica generalizada, por más que constituya un mandato europeo de obligado cumplimiento antes de 2010. Y tampoco se puede decir que el PSOE haya trabajado en pos de la solución.
De momento, empezó agravando la cuestión, derogando el Plan Hidrológico por motivos políticos, para dar cumplimiento a una promesa electoral que bien podría haber eludido por dos motivos: porque ya estaba en marcha, con las inversiones correspondientes, que han debido de ser indemnizadas, y porque, igual que le ocurrió al PP en 1996, era un Gobierno en minoría, que en este caso, como en tantos otros, podría haber esgrimido la prudencia en lugar de la soberbia.
A cambio de un Plan que había figurado en la agenda del ministro socialista de Fomento, José Borrell, e, ironías del destino, de la actual ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, ésta optó, nuevamente por cuestiones estrictamente políticas, por las desaladoras, grandes consumidoras de energía y más discutidas por la comunidad académica que el Plan Hidrológico. Y ahora ha sacudido el ambiente con una propuesta de precios poco clara, destinada a penalizar un consumo excesivo a partir de unos parámetros africanos.
Por si fuera poco, la reformulación autonómica ha propiciado que los nuevos estatutos de autonomía incluyan reservas específicas sobre ríos y aguas, estimulando el enconamiento político entre las distintas regiones. El editorial que escribí en 1996 se titulaba El whisky para beber, el agua para matar, rememorando el refrán del Viejo Oeste americano. ¿Pero es que España no se parece cada vez más al Viejo Oeste?
Miguel Ángel Belloso. Vicepresidente del Consejo Editorial de EXPANSIÓN y ‘Actualidad Económica’
